El avance incesante de las actividades extractivas en los salares y cordones montañosos del oeste provincial reencendió el reclamo de las comunidades locales y agrupaciones ambientalistas. Vecinos autoconvocados y pequeños productores de Andalgalá, Tinogasta y Antofagasta de la Sierra denunciaron severos riesgos en el manejo hídrico y ambiental, advirtiendo que los actuales esquemas de control estatal resultan insuficientes ante la expansión de la Minería en Catamarca.
Los principales cuestionamientos apuntan al volumen de agua dulce que consumen los emprendimientos de litio y minería metalífera en zonas de extrema aridez. De acuerdo con las denuncias territoriales, la extracción intensiva en las cuencas de la Puna amenaza directamente el abastecimiento de agua potable para los poblados y la sustentabilidad de la producción agropecuaria tradicional en Catamarca.
A la presión sobre los recursos hídricos se suman las denuncias por polvo en suspensión, alteración de suelos periglaciares y el eventual uso de reactivos químicos cerca de causes naturales. Los habitantes de las zonas de influencia cuestionaron la falta de auditorías ambientales frecuentes por parte del Ministerio de Minería, señalando que los controles oficiales suelen ser esporádicos y carecen de mediciones participativas con la comunidad.
Frente al malestar social y las constantes presentaciones en el fuero judicial, la población exige frenar la concesión de nuevos permisos exploratorios. Reclaman la aplicación de evaluaciones de impacto ambiental acumulativas que determinen la viabilidad real de los proyectos extractivos en la provincia.
Reclamos comunitarios y controles a la Minería en Catamarca
Las principales observaciones de las asambleas ambientales se orientan hacia la pasividad del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. Cuestionan que el Gobierno provincial priorice la recaudación impositiva y la atracción de inversiones por encima de la protección de los acuíferos subterráneos de Catamarca.
De igual manera, referentes comunitarios reprocharon la falta de transparencia en la publicación de los informes técnicos y monitoreos de calidad del agua y del aire. Criticaron que las autoridades eludan las consultas populares con las poblaciones afectadas, generando un clima de desconfianza permanente respecto a la gestión ambiental.
La defensa del agua y del territorio mantiene movilizadas a las comunidades del interior provincial. Ante el crecimiento de los proyectos extractivos, la sociedad civil ratifica que continuará con las protestas hasta que el Estado garantice fiscalizaciones estrictas a la Minería en Catamarca.
