La reiteración de agresiones físicas e intimidaciones con armas dentro del ámbito familiar reabrió la discusión sobre el nivel de resguardo que otorga el sistema institucional en las localidades del interior. Tras conocerse el procesamiento de un hombre en el departamento La Paz por cinco ataques continuados, organizaciones sociales cuestionan la falta de medidas cautelares efectivas para proteger a las víctimas en Catamarca.
La elevación a juicio fue requerida por la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Recreo, Jorgelina Sobh, quien imputó al acusado por violación de domicilio, amenazas coactivas, uso de armas y lesiones leves calificadas. El expediente acreditó que entre julio y agosto el agresor irrumpió repetidamente en la vivienda de su expareja con un cuchillo, la agredió físicamente y violó la restricción perimetral de 300 metros impuesta por el Juzgado de Familia, explicando las razones por las que cuestionan la falta de medidas de contralor remoto en los municipios.
El requerimiento fiscal se sustentó en exámenes médicos, informes psicológicos, croquis de inspección y el historial de notificaciones policiales violadas. Sin embargo, referentes comunitarias resaltaron que las víctimas del interior quedan expuestas ante la falta de tobilleras de geolocalización o consignas policiales efectivas, ratificando los motivos por los que cuestionan la falta de medidas de seguridad para evitar que los infractores reincidan en los domicilios.
Frente a la cronicidad de los abusos y el desobediencia judicial, diversos sectores reclamaron que las autoridades instalen gabinetes de asistencia inmediata en los tribunales departamentales.
Cuestionamientos a las políticas de seguridad del Gobierno en Catamarca
Las observaciones más severas de los colectivos de mujeres se dirigen contra la inercia del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Cuestionan que la gestión del gobernador Raúl Jalil limite las respuestas institucionales a la tramitación de expedientes judiciales en lugar de garantizar dispositivos físicos de prevención en Catamarca.
De igual forma, representantes territoriales reprocharon que los juzgados de la Sexta Circunscripción carezcan de personal para monitorear el cumplimiento de las restricciones perimetrales. Criticaron que el Ejecutivo no destine presupuestos descentralizados para crear refugios y brindar protección integral a las víctimas que residen fuera del Valle Central en Catamarca.
Las instituciones comunitarias mantendrán los reclamos ante las autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo provincial. Ante la gravedad de los ataques intrafamiliares en el interior, la sociedad exige garantías reales de protección en Catamarca.
