El avance acelerado de las concesiones extractivas en la Puna y en los departamentos del oeste provincial volvió a situar a la política ambiental del Ejecutivo bajo una severa revisión pública. Ante la escasez de informes de impacto hídrico y la falta de participación comunitaria en los permisos, referentes sociales afirman que sobre la Minería en Catamarca: denuncian falta de fiscalización rigurosa hacia las empresas operadoras.
Las principales objeciones surgen de asambleas socioambientales, productores agrícolas y comunidades de Antofagasta de la Sierra, Andalgalá y Belén. Los manifestantes sostienen que el uso intensivo de acuíferos subterráneos para la extracción de minerales vulnera las reservas hídricas de las poblaciones locales, explicando los motivos por los cuales sobre la Minería en Catamarca: denuncian falta de auditorías técnicas independientes por parte de los organismos de control.
A la preocupación por el consumo de millones de litros de agua diarios en cuencas frágiles se suma el reclamo por la escasa devolución económica en los territorios donde se desarrollan los yacimientos. Representantes regionales remarcaron que el aumento de las exportaciones no se traduce en mejoras de infraestructura sanitaria o vial para los municipios del interior, ratificando las razones por las que sobre la Minería en Catamarca: denuncian falta de equilibrio entre las rentas privadas y el resguardo ecológico.
Frente a este escenario de tensión social, diversos sectores exigieron la paralización de las audiencias no vinculantes y la publicación inmediata de los monitoreos de calidad del agua en las zonas de explotación.
Cuestionamientos a la Secretaría de Minería y al Gobierno en Catamarca
Las observaciones más severas de las organizaciones territoriales se dirigen contra la inercia de la Secretaría de Minería y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. Cuestionan que la administración que encabeza el gobernador Raúl Jalil flexibilice los requerimientos de fiscalización para acelerar las inversiones transnacionales en Catamarca.
De igual forma, representantes de las comunidades productivas reprocharon que el Estado provincial apruebe declaraciones de impacto sin considerar los efectos acumulativos sobre las cuencas compartidas. Criticaron que las autoridades provinciales utilicen el discurso del desarrollo para justificar exenciones impositivas a corporaciones mientras los pueblos del interior enfrentan restricciones hídricas en Catamarca.
Las asambleas mantendrán las acciones administrativas y judiciales ante la Corte de Justicia para frenar el otorgamiento de nuevos permisos hidrogeológicos. Ante el deterioro del entorno natural, la población demanda controles ambientales estrictos en Catamarca.
