El sindicato minero AOMA garantizó la seguridad del proyecto Agua Rica e intentó llevarle tranquilidad a la población catamarqueña de Andalagá. Sin embargo, sorprende como el gremio puede expedirse sobre la seguridad de un plan que todavía no sabe cómo será. Hasta el momento se especulan diversas alternativas y posibilidades para llevar adelante el proyecto, por lo que, realmente, al no conocerse los procedimientos a realizar, no se podría garantizar su seguridad.
Con el objetivo de llevar calma, el secretario general de AOMA, Diego Herrera, señaló que “se está trabajando fuertemente para que se llegue a las condiciones ideales para que el proyecto este adecuadamente en prevención”. Asimismo, tildó de “controversial” a la Ley de los Glaciares, que estipula un estudio necesario para seguir adelante con el proyecto y que, hasta ahora, no se realizó.
“Estamos esperando la Declaración de Impacto Ambiental”, en donde se tendrían en cuenta cuestiones tales como el entubado del agua, según explicó. “La empresa y la Secretaria de Minería están trabajando cuidadosamente para que esto se convierta en realidad”, añadió, sin dejar de resaltar el impacto a nivel empleo que tendría este proyecto. Además, tras asegurar que no hay “glaciaciones importantes” y que las formaciones presentes, “de cuatro mil metros, no son permanentes”, aseguró que el agua de la ciudad catamarqueña no se vería afectada.
El proyecto propone trabajar en el nacimiento del agua y de los ríos, fruto del deshielo, que suministran a los 17 mil habitantes de Andalagá. Por lo tanto, de haber una falla, este valioso recurso quedaría perdido y la localidad catamarqueña sin agua. Las declaraciones de la AOMA generan desconfianza sobre todo si se tiene en cuenta que estarían intentando llevar tranquilidad a la población sin manejar los datos necesarios para realmente brindar esa calma y sin que estén aprobados los permisos pertinentes o plasmado el plan de trabajo.
De hecho, en su momento incluso la Universidad Nacional de Tucumán se separó de Agua Rica, al considerarlo de alto riesgo. Por parte de la Suprema Corte de Justicia, señalan que no se avanzará con el proyecto hasta que no se garantice su participación social. Para esto, el plan debe pasar por la Legislatura, en donde se deberá reglamentar cómo sería esta participación y acuerdo con la comunidad. A esto se le suma el desconocimiento de cuestiones básicas, tal cómo la ubicación de las perforaciones, la cantidad de túneles con los que se trabajarán, el lugar en donde se depositarán los residuos, entre otros. A pesar de esto, sin contar con información, los gremios garantizaron la seguridad de un proyecto casi inexistente.
