Tiago Puente presentó un proyecto de ley donde solicita establecer la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todo personal que se desempeñe en la función pública, sin distinción de niveles ni jerarquías. El proyecto está destinado a los 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia.
El objetivo de estas capacitaciones es “brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan contribuir y apoyar cambios en la cultura ciudadana, promoviendo la democratización de las relaciones sociales desde el enfoque de los Derechos Humanos”. La semana pasada, el joven radical publicó un video en sus redes sociales donde presentó un video explicativo del proyecto, el cual quiere tratar su bloque en la Cámara de Diputados.
Dentro de los fundamentos del proyecto, el legislador afirma: “La educación en derechos humanos tiene por objetivo el cambio social; es decir, la realización de los derechos humanos a través de la disminución efectiva de la brecha entre el ideal planteado por el derecho internacional de los derechos humanos y la realidad que viven las personas”, agrega el legislador en los fundamentos del proyecto.
La repercusión del proyecto ha sido positiva, en la que Puente ha expresado una premisa muy clara: “Queremos que los empleados públicos de los tres poderes puedan capacitarse en Derechos Humanos”. Además, el proyecto abordará problemáticas que causan mayor perjuicio en la juventud, tales como: Violencia de género, bullying, acoso laboral, consumos problemáticos, prevención del suicidio, entre otros.
Por otra parte, se advierte que “las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones serán intimadas por la autoridad de aplicación” y el incumplimiento de dicha intimación “será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente”. Lo cual denota que la iniciativa sería vinculante para todos los funcionarios estatales.