Política

Crearán una ordenanza que contemplará a los becarios de la Capital

Ya hay avances en Capital con la ordenanza para que los becarios elijan donde trabajar.

saadi

Si eligieran hacer sus labores en una entidad privada la Municipalidad financiaría parte de los haberes. Estiman que esta ordenanza estaría lista en 15 días. Esta no tendría variación según la gestión municipal, o por lo menos es lo que se pretende. La diagramación busca da previsión laboral a las personas del programa “Catamarca Ciudad Trabaja” (CCT).

Gustavo Saadi, Intendente de Capital comento que los becados de este programa podrán tener opciones a la hora de elegir el lugar de trabajo. Una de ella es la espera hasta la disponibilidad de una planta permanente en el Municipio. La segunda se trata de que, mediante un empalme generar una maniobra para trabajar en el sector privado.  La reordenación de este programa es a través de otro, al cual denominaron “Fortalecimiento Institucional”.

Esta tratativa será enviada en las próximas semanas por el Ejecutivo al Concejo Deliberante. Donde intentaran que se contemplen ambas opciones para las personas. También tendrán en cuenta la antigüedad de estos becarios, ya que algunos poseen este beneficio desde hace más de 15 años.  La idea reconvertirá el programa, pero mantendrá el espíritu con el que se inició. El mismo era brindar trabajo a quien lo necesitaba.

El intendente señaló que apunta que el sector privado complete el salario de los posibles trabajadores de sus empresas. Y posteriormente, a partir de cierto tiempo queden contratados de manera oficial. Entonces, parte del salario sería brindado por la municipalidad y otra por el privado.  Además, pretenden que estos empleados estén capacitados para la labor que les brinden.

Esta no es solo una ayuda para los becarios sino también es una iniciativa para los comercios. Puntualmente para dar una atención eficiente y eficaz a la comunidad. Por otra parte, aludió a la imposibilidad de contratar a todos, ya que la Carta Orgánica le impide generar un gasto superior al 65% en personal. Sin tener en cuenta el estado económico con el que deja a toda institución estatal la pandemia.

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