(Por Diego Nofal) En Catamarca la reforma judicial está en marcha, el primer paso fue la eliminación del Concejo de la Magistratura. Borrar de un plumazo el órgano que se encargaba de la selección de jueces le valió al Gobierno provincial severas críticas a nivel nacional. Pero esto no empezó con el Gobierno de Raúl Jalil. Uno de los referentes del Frente Cívico apuntó directamente contra Lucía Corpacci por el supuesto avasallamiento institucional que se vive en la provincia.
Los opositores el gobierno provincial no dudan en calificar ante los medios nacionales como “golpe institucional” a las modificaciones en el funcionamiento judicial. Pero tampoco consideran que es algo que haya empezado ahora, por eso apuntan contra la exgobernadora peronista. La exmandataria catamarqueña ya había hecho una arriesgada jugada para garantzarse el apoyo judicial al ampliar el número de integrantes de la Corte de tres a cinco. Es no fue todo, también se encado de que la Legislatura iniciara juicio político a dos de los miembros, Ricardo Cáceres y Amalia Sisto de Leiva, designados en la gestión del Frente Cívico.
El referente del Frete Cívico, Francisco Monti, uno de los diputados provinciales que más elevó su voz contra la reforma judicial acusa al peronismo catamarqueño de estar concretando una plan que diagramó en el 2011 cuando regresó al poder. Para el legislador la única intención del sector liderado por Lucía Corpacci es “copar” el Poder Judicial. “Esta es una provincia muy invisibilizada; nadie de la Nación se expresó sobre el tema. Nunca nadie habló del tema”.
“No hay una congruencia ni coherencia con lo que vino ofreciendo el Ejecutivo como propuesta. Corpacci cuando era gobernadora impulsó una reforma que pretendía darle carácter constitucional al Consejo de la Magistratura que ahora directamente fue eliminado y reemplazado por un comité designado por decreto por el Ejecutivo. El nuevo proyecto avanza en la eliminación del principio de inamovilidad de los magistrados”, señaló el parlamentario.
“Creo que por la pandemia del coronavirus y el estado de emergencia que se generó tanto por el Gobierno nacional como el provincial empezaron a manejar agendas ajenas a los objetivos de la cuarentena, que tienen que ver con objetivos de impunidad, de avasallar. En la provincia se copta a la Justicia. La calidad institucional disminuyó severamente por una serie de decisiones del gobernador e incluso de los intendentes que se arrogan potestades que no tienen. Estos severos retrocesos van a ser muy difíciles de revertir”, sostuvo en una entrevista a un medio de comunicación porteño.
