El acumulado de reclamos salariales, la falta de auxilio financiero y el impacto de los cuadros tarifarios profundizaron el descontento social contra la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. En las últimas jornadas, la confluencia de huelgas por tiempo indeterminado en los municipios, el cierre de comercios tradicionales y el desamparo de sectores productivos del interior pusieron en evidencia serias contradicciones entre las promesas oficiales del Poder Ejecutivo provincial y la realidad socioeconómica del distrito.
Uno de los focos más conflictivos radica en la asfixia que sufren los emprendimientos privados ante los desmedidos aumentos de la empresa estatal EC SAPEM. Prestadores turísticos de Fiambalá denunciaron facturas eléctricas que superan los $2.500.000 y recordaron que el propio gobernador se comprometió hace dos meses a brindar una solución que nunca llegó, situación que se replica en el sector gastronómico capitalino con cierres de locales emblemáticos y deudas salariales acumuladas.
Esta presión económica se agrava ante la inacción de la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca (Capresca), organismo que posterga el relanzamiento de créditos personales accesibles. La dilación oficial deja a miles de familias a merced de tasas usurarias en el mercado informal, en una provincia que ya registra a más de 66.000 morosos con atrasos superiores a 90 días y se ubica como el segundo distrito con mayor nivel de incumplimiento crediticio de la Argentina.
A este complejo escenario se suma la parálisis de los servicios públicos en el Valle Central por el endurecimiento del conflicto gremial. La conducción del SOEM Capital decretó un paro por tiempo indeterminado tras rechazar por insuficiente la propuesta salarial del municipio, una medida de fuerza que coincide con el plan de lucha sostenido por los empleados de Valle Viejo ante la falta de aumentos que cubran la canasta básica familiar.
Falencias en organismos de control y el deterioro de la gestión de Raúl Jalil en Catamarca
El cuestionamiento hacia los organismos provinciales alcanzó también al área minera tras el grave episodio en la Puna donde catorce trabajadores quedaron aislados por un temporal de nieve. La falta de controles sobre el protocolo de invierno expuso la inacción de la Policía Minera, cuya conducción técnica fue asignada a un funcionario vinculado a la consultora familiar de la propia ministra del área, evidenciando graves desmanejos en la fiscalización de la seguridad laboral.
En el plano sanitario y de contención social, el cuadro provincial se tornó alarmante con estadísticas del Ministerio de Seguridad que ubican al distrito con una de las tasas de suicidios más altas del país, alcanzando 14,2 víctimas cada 100.000 habitantes. A esto se suma el drama de personas retiradas por invalidez que perciben montos de indigencia de apenas $12.000 y el abandono de tratamientos por parte de pacientes crónicos que no logran costear los medicamentos esenciales.
La multiplicación de protestas laborales, la ausencia de control en actividades estratégicas y la falta de respuestas ejecutivas ante el endeudamiento popular configuran un panorama crítico para la gestión de Raúl Jalil en Catamarca. Con dependencias paralizadas y un creciente malestar ciudadano, crecen las exigencias institucionales para que el Gobierno provincial rectifique sus políticas y brinde soluciones urgentes a los sectores postergados.
