La senadora María Soledad Blas impulsa la expropiación de más de 85 hectáreas de campos comuneros en Hualfín y Los Nacimientos, departamento Belén, sin explicar por qué no podrían utilizarse tierras fiscales para los proyectos anunciados. La iniciativa, presentada durante el gobierno de Raúl Jalil, contempla transferir gratuitamente los terrenos a la Municipalidad de Hualfín, pero no incorpora un inventario de propiedades estatales disponibles.
La contradicción aparece en los propios fundamentos del proyecto. Se invoca la necesidad de disponer de terrenos para atender el crecimiento urbano y habitacional, pero también se incluyen actividades turísticas, ganaderas, industriales, culturales y energéticas. La amplitud de los destinos previstos plantea una pregunta: ¿por qué sería necesario expropiar campos comuneros para promover actividades que sus propios titulares podrían desarrollar?
La documentación a la que accedió El Aconquija revela que la Municipalidad de Hualfín solicitó terrenos en Los Nacimientos el 26 de mayo de 2026. Posteriormente, la iniciativa impulsada por Soledad Blas obtuvo media sanción del Senado. El mecanismo propuesto establece que la Provincia asumiría los costos de las expropiaciones y, una vez incorporadas las superficies al patrimonio estatal, las entregaría gratuitamente al municipio.
Sin embargo, el expediente no permite conocer qué terrenos fiscales fueron evaluados antes de avanzar sobre los campos comuneros. Tampoco identifica proyectos concretos para cada superficie, inversiones comprometidas, beneficiarios ni plazos de ejecución. La ausencia de esa información impide establecer por qué las necesidades invocadas exigirían recurrir a una expropiación y no a propiedades que ya pertenecieran al Estado.
Campos comuneros, turismo y una comunidad indígena
En Los Nacimientos existe una comunidad indígena diaguita con antecedentes de reivindicaciones territoriales. Dos de las superficies incluidas en el proyecto corresponden al denominado Campo Comunero Los Nacimientos. Sin embargo, no aparece acreditado en el expediente si esos polígonos coinciden con territorios reivindicados por la comunidad ni se incorporan constancias de consultas específicas a sus representantes.
La situación alcanza también a los demás titulares de derechos comuneros. El proyecto reconoce dificultades para establecer con absoluta precisión la ubicación y extensión de estos campos, pero no acompaña una nómina completa de derechohabientes ni acredita una convocatoria destinada a identificarlos y escucharlos. Si existieran dudas sobre sus derechos, una consulta permitiría reunir antecedentes antes de avanzar con una decisión que podría afectar sus tierras.
Otro aspecto que merece atención es la vinculación de las superficies con el corredor de la Ruta Nacional 40. Su ubicación podría resultar atractiva para emprendimientos turísticos, productivos o inmobiliarios. Por eso, correspondería conocer quién seleccionó los terrenos, qué proyectos justifican su elección y si se evaluaron alternativas fiscales. El expediente no ofrece una comparación que permita responder esas preguntas.
En la entrada de La Quebrada de Hualfín también existirían terrenos estatales cuya disponibilidad y situación administrativa deberían verificarse. Allí se ha señalado la presencia de un loteo que requeriría controles sobre su titularidad y autorizaciones. Antes de promover nuevas expropiaciones, el municipio podría informar qué superficies fiscales posee, cuáles están ocupadas y cuáles podrían destinarse a viviendas e infraestructura pública.
La responsabilidad institucional involucra a Soledad Blas, al gobierno de Raúl Jalil y a la Municipalidad de Hualfín. La senadora impulsa la iniciativa legislativa, la Provincia afrontaría las indemnizaciones y el municipio recibiría gratuitamente los terrenos. Sin embargo, la documentación no presenta una estimación del costo total de las expropiaciones ni precisa cómo se distribuirían las superficies entre los diferentes usos autorizados.
El proyecto también deja abiertas preguntas sobre el turismo y la ganadería. Si los comuneros ya realizan actividades productivas en esos territorios, ¿qué necesidad pública concreta justificaría expropiar sus tierras para promover usos semejantes? ¿Se contempló la posibilidad de acompañar a los productores existentes mediante infraestructura, asistencia técnica o inversiones, sin modificar la titularidad de los terrenos?
Soledad Blas y las autoridades provinciales podrían esclarecer la situación publicando un inventario de tierras fiscales, las solicitudes completas de la Municipalidad de Hualfín, los proyectos previstos para cada parcela y las actuaciones destinadas a identificar y consultar a los comuneros. Son elementos fundamentales para comprender las razones de una iniciativa que pretende incorporar más de 85 hectáreas al patrimonio estatal.
La pregunta que permanece sin respuesta es por qué el Estado provincial debería pagar para expropiar campos comuneros si todavía no ha demostrado, mediante un relevamiento público, que carece de terrenos propios adecuados. Mientras esa comparación no aparezca, la iniciativa de Soledad Blas continuará planteando interrogantes sobre la elección de las tierras y el destino que podrían recibir en Hualfín y Los Nacimientos.
