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Código de Procedimientos Mineros

Política

El código de Procedimientos mineros llega a la legislatura envuelto en polémicas

El Poder Ejecutivo pasará a ser juez y parte en los conflictos, sobre todo a la hora de recuperar las minas

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(Por Diego Nofal) Se acabó el Misterio, es inminente el envío del proyecto de reforma del Código de Procedimientos Mineros de la Provincia, algo que desde el principio de su gestión es un tema fundamental para el gobernador Raúl Jalil. Entre los puntos polémicos de la inciativa está que la Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) tenga la prioridad para solicitar las áreas mineras que vayan siendo liberadas por otras empresa.

“La prioridad se enmarca en la decisión del Gobierno de la Provincia, que considera a la actividad minera como política de Estado. A su vez, se fundamenta en que Catamarca es la dueña originaria de los yacimientos mineros que se encuentran en su territorio y que constituyen un bien escaso y no renovable”, sostuvieron fuentes del Ejecutivo que participaron de la última reunión antes del envío a la Legislatura.

El Código de Procedimientos Mineros será enviado a última hora de hoy o mañana mismo al Poder Legislativo y se espera que el mismo día tome estado parlamentario. La ministra de Minería, Fernanda Ávila, se mostró muy optimista con la confección del proyecto. Además, desde el punto de vista de la funcionaria el nuevo código de procedimientos serviría para modenizar y transparentar los procesos mineros en el territorio provincial.

“Éste es un proyecto en el que todos han podido dar su opinión y modificar puntos que se consideraban claves para permitir un desarrollo más amplio, ágil y transparente de los procesos de la minería local. Esto es uno de los pilares para hacer más eficiente el funcionamiento de todas las instancias de trabajo entre organismos públicos y el sector privado”, aseguró la ministra.

Pero, sobre todo en la Minería, no todo lo que brilla es oro, el proyecto tiene varios puntos controversiales. El más importante de todos es que la iniciativa establece que el Ministerio de Minería será la autoridad de aplicación de las normas y no la Justicia. Al ser Ávila quien tendrá la competencia para otorgar y quitar yacimientos y una empresa estatal la beneficiaria de las minas abandonadas, el Ejecutivo pasaría a ser juez y parte en las cuestiones mineras

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