Sobre el final de la sesión en la Cámara de Diputados de Catamarca, se armó el debate sobre la licencia social minera en Andalgalá. En este marco, el legislador Hugo Ávila aseguró que hubo una maniobra del Gobierno provincial para subir las máquinas a Agua Rica. “No podemos permitir mirar para otro lado con lo que pasa. Claramente no hay licencia social, menos cuando el pueblo se ve vulnerado”, remarcó.
El diputado informó que en el proceso de audiencia pública para determinar la licencia social de la minería es propio del voto calificado. Sin embargo, según denunció, en el caso de Agua Rica en Andalgalá, no todos pudieron dar su opinión. Por otro lado, el legislador Isauro Molina (FT) expresó: “La licencia social es responsabilidad de todos. Todos sabemos quien fue el promotor de esta práctica”.
“La policía nunca intervino en la marcha. Siempre es difícil desactivar un conflicto, pero se imaginan ustedes cómo será cuando esto es alentado por el intendente o quienes manejan el estado”, sentenció Isauro Molina. En medio del debate, intervino el diputado Alejandro Páez, exintendente de la ciudad en cuestión explicando que cuando se habla de Agua Rica no se habla de una cuestión central.
“De 2007 a esta parte hubo miles de denuncias y contradenuncias, prestaciones judiciales, pero no se habla del tema ambiental. La comunidad de Andalgalá nunca escuchó un informe que diga que la cuenta del río no va a ser contaminada. Por eso el pueblo teme por sus recursos naturales”, finalizó. Los diputados terminaron la sesión dando su punto de vista sobre los hechos ocurridos el mes pasado.
El conflicto en Andalgalá
El conflicto entre los antimineros y las empresas mineras de Catamarca viene en crecimiento. El sábado 10 de abril, en Andalgalá, un grupo de personas que se movilizaba en defensa del agua y la tierra tomó las oficinas de Agua Rica y quemó los galpones. Hay que remarcar que en uno de ellos había una cabina para PCR en tiempo real. Además, horas después se conoció que atacaron la sede del Partido Justicialista.
