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Política

Valle Viejo: ¿qué pasó con el proyecto para la obligatoriedad de los debates preelectorales?

El Concejo Deliberante local decidió sobre la iniciativa del edil Carlos Luján.

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En la jornada de ayer, los ediles del Concejo Deliberante de Valle Viejo rechazaron el proyecto del concejal de Juntos por el Cambio, Carlos Luján. El mismo proponía la obligatoriedad de los debates públicos preelectorales. La iniciativa ponía especial atención en los candidatos que hayan obtenido el piso electoral exigido por la Ley Provincial N° 5.437 en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El proyecto del concejal de Valle Viejo expresaba: “Mediante una norma se institucionalice la instancia de debates entre los candidatos a ocupar cargos municipales previos a su elección. El principal objetivo de un debate electoral es pedagógico, ya que se trata de que más ciudadanos conozcan las propuestas; y las opiniones de los candidatos sobre los temas públicos más relevantes”.  

Durante la sesión, la iniciativa fue incluida en el orden del día, pero no recibió el acompañamiento de los ediles. Desde el oficialismo se emitió un despacho de comisión por la mayoría y por este motivo, fue votado. El autor del proyecto había adelantado que los ediles no se sumarían al proyecto, pese a esto, manifestó su frustración ya que sus pares “no fundamentaron nada de nada” sobre su negativa.

Detalles del proyecto en Valle Viejo

El proyecto de Carlos Luján en Valle Viejo indicaba que es necesario promover un voto informado por parte de la ciudadanía y dar la posibilidad de conocer las propuestas de las agrupaciones. En cuanto a lo articulado, el edil, remarcaba que el debate se debía dar dentro de los siete días previos a la veda electoral. También que se disponga que, en caso de ausencia de un candidato, el segundo de la lista ocupe su lugar.

Otro de los puntos establecía crear una comisión integrada por representantes de los distintos órganos del Gobierno municipal. El fiscal municipal, sería el representante del Ejecutivo; quien presida el Concejo Deliberante; el juez o jueza de Faltar por parte del Tribunal Administrativo de Faltas; y por lo menos un representante de la esfera pública o privada como ONG. Esta comisión tendría a cargo la organización y regulación de los debates.

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