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Los túneles de La Merced pasarían a ser propiedad del Gobierno de Catamarca para fomentar el turismo

El proyecto ya tiene media sanción de la Cámara Alta del Congreso.

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En la sesión de mañana en la Cámara de Diputados de la Nación, se tratará el proyecto que busca que los túneles de La Merced pasen a ser propiedad del Gobierno de Catamarca. Hay que recordar que la iniciativa impulsada por la legisladora nacional, Inés Blas, ya tiene media sanción de la Cámara Alta del Congreso. La misma busca fomentar el turismo en el departamento Paclín.

El proyecto remarca: “Existen una serie de túneles que se construyeron en el año 1950. La idea fue que el ferrocarril que circulaba en esa época, cruzara la sierra de Guayamba y se dirigiera hacia las otras provincias del NOA. Pero nunca pudo funcionar debido a que esta zona es muy lluviosa”. Por este motivo, los se intenta que los túneles que se inundaban permanentemente pasen a ser propiedad del Gobierno de Catamarca.

Hay que recordar que los mismos formaron parte del exramal ferroviario A6, denominado Catamarca – La Cocha. De un total de 11 túneles, seis se encuentran en La Merced y el primero de ellos tiene una longitud aproximada de 2.000 metros. En la localidad de Superí, el exramal se utiliza con fines camineros con la Ruta N° 38 y en el tramo restante nunca se tendió la red ferroviaria.

“La idea que persigue la transferencia de los mencionados terrenos es incluirlos en la actividad turística a fin de reactivar la economía local; aprovechando esos túneles para incorporarlos al bello paisaje de la zona, en forma organizada y apta para el turismo”, detalló Inés Blas en el proyecto. Por otro lado, aseguró que se apunta a terminar con el estado de abandono en el que se encuentran.

Por último, informó que la transferencia al Gobierno de Catamarca “se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los terrenos a la actividad y promoción turística”. El proyecto también establece un plazo de 10 años para que sean destinados al turismo. En caso de no cumplirse el objetivo, los inmuebles volverán a manos del Estado nacional. “Los gastos que demande la ley estarán a cargo de la beneficiaria”, concluye.

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