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Raúl Jalil
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Del narcomenudeo a las estafas virtuales: la gestión de Raúl Jalil enfrenta una agenda de seguridad cada vez más compleja

La provincia registra 1.411 estafas virtuales en un año, casi tres veces la media nacional.

La seguridad en Catamarca volvió a instalarse como uno de los principales desafíos para la gestión del gobernador Raúl Jalil, en un contexto marcado por la aparición de delitos cada vez más diversos y complejos. En las últimas semanas, procedimientos por narcomenudeo, un fuerte crecimiento de las ciberestafas, secuestros de vehículos con presuntas adulteraciones y operativos policiales de gran magnitud reflejan un escenario que mantiene abierta la discusión sobre las políticas de prevención y control en la provincia.

Uno de los indicadores más preocupantes surge de las estafas virtuales. Según datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), Catamarca registró 1.411 hechos durante el último año y alcanzó una tasa de 321,4 casos cada 100.000 habitantes, casi tres veces superior al promedio nacional. A esta situación se sumó recientemente una advertencia de la División Ciberdelitos por una nueva modalidad de fraude a través de publicaciones falsas en Marketplace, donde delincuentes ofrecen materiales de construcción a precios muy bajos para obtener pagos anticipados y luego desaparecer.

En paralelo, el avance del narcomenudeo volvió a quedar expuesto tras los allanamientos realizados en Santa Rosa, departamento Valle Viejo. Durante los procedimientos fueron detenidas cuatro personas y se secuestraron cocaína, marihuana, psicofármacos, semillas y plantines de cannabis, dinero en efectivo y otros elementos utilizados en la presunta comercialización de estupefacientes. El caso reavivó el debate sobre la expansión de este tipo de delitos y la necesidad de fortalecer las tareas preventivas.

Seguridad en Catamarca: nuevos delitos y mayores exigencias para la gestión

La seguridad en Catamarca también quedó bajo análisis luego de que, en pocos días, fueran secuestrados dos vehículos que presentaban aparentes adulteraciones en la numeración de motor y cuadro. Primero fue una camioneta Chevrolet S-10 y posteriormente una motocicleta Honda XR 125. Ambos procedimientos fueron detectados durante controles policiales y dieron intervención a las divisiones especializadas en sustracción de automotores, reabriendo interrogantes sobre la circulación de rodados con irregularidades.

A estos hechos se suman los resultados de un reciente Operativo Integral de Seguridad, durante el cual la Policía identificó 4.246 personas, controló 3.080 vehículos, secuestró 77 motocicletas y cinco automóviles, además de arrestar a doce personas por infracciones al Código de Faltas. Si bien el despliegue demuestra una importante actividad preventiva, la magnitud del operativo también refleja el nivel de recursos que hoy demanda el control de distintas modalidades delictivas.

La acumulación de estos episodios muestra un cambio en el mapa de la criminalidad provincial. La problemática ya no se limita a los delitos tradicionales, sino que incorpora fraudes digitales, estafas mediante redes sociales, comercialización de drogas, vehículos presuntamente adulterados y maniobras que requieren investigaciones cada vez más especializadas. Esa diversificación representa un desafío creciente para las fuerzas de seguridad y para las políticas públicas orientadas a la prevención.

En este contexto, distintos sectores consideran que la respuesta no puede centrarse únicamente en los procedimientos posteriores a los hechos consumados. El crecimiento de delitos vinculados con la tecnología, la reiteración de causas relacionadas con el narcomenudeo y la detección de vehículos con irregularidades vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de profundizar las acciones preventivas, fortalecer los mecanismos de control y mejorar la coordinación entre los organismos encargados de la investigación.

La seguridad en Catamarca continúa así como uno de los temas más sensibles para la gestión de Raúl Jalil. Los recientes procedimientos reflejan el trabajo de las fuerzas policiales y judiciales, pero al mismo tiempo evidencian una agenda cada vez más compleja, donde conviven delitos de distinta naturaleza que mantienen abierta la discusión sobre la eficacia de las políticas de prevención y la capacidad del Estado para responder a un fenómeno delictivo en permanente evolución.

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