El crecimiento de la actividad minera convive con una realidad que sigue generando cuestionamientos en distintos puntos de la provincia. Mientras el Gobierno de Catamarca ratifica su apuesta por el litio y anuncia nuevas inversiones vinculadas al desarrollo minero, los servicios e infraestructura en Catamarca continúan siendo motivo de reclamos por parte de vecinos, padres de alumnos y usuarios que denuncian problemas sin resolver en materia de electricidad, rutas, mantenimiento urbano y establecimientos educativos.
En las últimas semanas se multiplicaron las situaciones que reflejan esa preocupación. Padres de la Escuela N° 309 de La Puntilla, en Tinogasta, decidieron tomar el establecimiento para exigir una solución definitiva a las fallas eléctricas que afectan el funcionamiento normal de las clases. Los manifestantes rechazaron reparaciones parciales y reclamaron el reemplazo integral del sistema eléctrico, al sostener que las condiciones actuales representan un riesgo para estudiantes y docentes.
Servicios e infraestructura en Catamarca: una demanda que sigue creciendo
Los servicios e infraestructura en Catamarca también quedaron bajo la lupa por el reclamo de familias de La Quebrada y Cigali Mayu, quienes denunciaron que llevan años esperando conexiones eléctricas formales. Según manifestaron, decenas de hogares aún dependen de conexiones precarias, velas y leña para afrontar la vida cotidiana. Desde EC SAPEM señalaron que las obras son técnicamente posibles, aunque aclararon que previamente deberán realizarse relevamientos y cumplirse distintos procedimientos administrativos para evaluar cada situación.
La infraestructura vial constituye otro de los focos de conflicto. Vecinos y automovilistas advirtieron sobre el deterioro que presenta la Ruta Nacional 38, particularmente en el tramo de la Cuesta del Totoral, donde denunciaron la presencia de baches y deficiencias en la señalización. Desde Vialidad Nacional explicaron que el contrato de mantenimiento atraviesa un proceso de rescisión debido a la paralización de la obra pública nacional, por lo que actualmente solo pueden ejecutarse tareas básicas de conservación.
En la Capital también persisten cuestionamientos relacionados con el mantenimiento urbano. Vecinos reclamaron por el estado de la avenida Galíndez, donde aseguran que los baches dificultan la circulación y aumentan el riesgo de accidentes. A ello se suman denuncias por escombros que permanecen desde hace semanas sobre la calle Félix Pla y Pérez tras la finalización de una obra, situación que los residentes consideran una muestra de trabajos inconclusos y falta de respuestas oportunas.
Este escenario adquiere mayor relevancia porque ocurre mientras la administración provincial destaca el crecimiento de la minería como uno de los principales motores económicos de Catamarca. El propio gobernador Raúl Jalil anunció recientemente la incorporación de nuevas plantas de carbonato de litio y sostuvo que las regalías mineras permiten financiar obras estratégicas en distintos departamentos. Sin embargo, la persistencia de reclamos vinculados a servicios esenciales mantiene abierto el debate sobre la velocidad con la que esas inversiones logran traducirse en mejoras concretas para la población.
La coexistencia entre importantes anuncios de desarrollo productivo y demandas por infraestructura básica alimenta un debate político que atraviesa diferentes sectores de la sociedad. Para numerosos vecinos, el crecimiento económico debería reflejarse también en soluciones más rápidas para problemas cotidianos como el acceso a la energía, el mantenimiento de escuelas, la conservación de rutas y el estado de las calles. Esa percepción explica por qué distintos conflictos terminan transformándose en protestas públicas cuando las respuestas oficiales no llegan con la rapidez esperada.
Los servicios e infraestructura en Catamarca aparecen así como uno de los principales desafíos para la gestión provincial. Mientras la minería continúa consolidándose como un eje central del desarrollo económico, los reclamos por obras básicas, mantenimiento y prestación de servicios siguen ocupando espacio en la agenda pública. La capacidad del Estado para compatibilizar el impulso de grandes inversiones con respuestas efectivas a las necesidades diarias de los ciudadanos será determinante para reducir la conflictividad y sostener la confianza social en un contexto donde las demandas vecinales no dejan de crecer.
