El Gobierno de Raúl Jalil quedó en el centro del debate por la actividad minera en Catamarca luego de la emergencia registrada en la Puna, donde cuatro trabajadores debieron ser rescatados tras permanecer aislados durante tres días por un temporal de nieve y viento extremo. El episodio abrió cuestionamientos sobre los mecanismos de prevención y seguridad, luego de que la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) reclamara investigar si los protocolos establecidos fueron respetados.
El secretario general de AOMA Seccional Catamarca, Gustavo Molina, confirmó que el gremio presentó una denuncia formal y planteó la necesidad de conocer qué decisiones se tomaron antes del traslado de las camionetas que quedaron atrapadas en medio de las condiciones climáticas adversas. “Hay una investigación de por qué las camionetas salieron cuando no estaban dadas las condiciones”, sostuvo el dirigente.
El reclamo sindical puso bajo análisis una cuestión sensible para la gestión provincial: mientras el Gobierno de Raúl Jalil impulsa a la minería como uno de los principales motores económicos de Catamarca, el episodio volvió a instalar la discusión sobre la fiscalización, los controles y las condiciones en las que se desarrolla una actividad estratégica para la provincia.
Minería en Catamarca: los controles y protocolos quedaron bajo discusión tras la emergencia en la Puna
Molina remarcó que la situación meteorológica fue excepcional y que el temporal superó las previsiones habituales, pero sostuvo que eso no elimina la necesidad de revisar las decisiones tomadas antes de la emergencia. “La condición climática no se puede evitar, pero sí exponer a las personas”, afirmó el dirigente de AOMA al referirse a la investigación que ahora deberá determinar si existieron fallas en los procedimientos.
Desde el sector gremial señalaron que la minería en Catamarca tiene décadas de desarrollo en zonas de alta montaña y que existen protocolos específicos para actuar ante nevadas intensas, viento blanco y temperaturas extremas. En ese contexto, el reclamo apunta a establecer si esos mecanismos fueron aplicados correctamente antes de que los trabajadores quedaran aislados.
La emergencia vuelve a poner en discusión el rol del Estado provincial en una actividad que la administración de Raúl Jalil considera fundamental para el crecimiento económico y la generación de inversiones. La expansión minera en territorio catamarqueño requiere, además del desarrollo productivo, garantizar sistemas de prevención y controles adecuados en regiones donde las condiciones naturales pueden transformarse rápidamente en situaciones de riesgo.
Por ahora, la investigación será la encargada de determinar si hubo incumplimientos o responsabilidades en las decisiones previas al operativo de rescate. Mientras tanto, el planteo de AOMA agrega un nuevo foco de debate sobre la política minera del Gobierno de Raúl Jalil y sobre la necesidad de reforzar los controles para evitar que una emergencia similar vuelva a poner en peligro a trabajadores en la Puna catamarqueña.
