“Como catamarqueño, me preocupa que el horizonte de desarrollo parezca reducirse únicamente a la extracción de minerales.” La advertencia del antropólogo Martín Gutiérrez resume un debate que atraviesa a Catamarca mientras la minería de litio, oro y cobre se consolida como eje de la política productiva provincial. El 14 de marzo de 2024, la Corte de Justicia local ordenó suspender nuevos permisos para la minería de litio en Antofagasta de la Sierra hasta que se realice un estudio de impacto ambiental integral, un freno institucional inédito a un modelo extractivo que lleva más de un cuarto de siglo sin pausa.
La medida respondió a años de denuncias de la comunidad indígena Atacameños del Altiplano, que advirtió sobre la vulneración de derechos de consulta y participación, y sobre los impactos acumulados de la explotación en el Salar del Hombre Muerto. Allí, el proyecto Fénix extrae litio de manera ininterrumpida desde 1997, mucho antes del boom de la transición energética, y dejó tras de sí evidencias de degradación ambiental y un conflicto creciente por el uso del agua en la puna catamarqueña.
El segundo foco de tensión llegó en abril de este año. El 9 de abril de 2026, el Gobierno de Catamarca anunció que no autorizaría el proyecto Sofía Gold, que pretendía explotar oro y cobre sobre la ladera oeste del Valle Calchaquí. Vecinos de Fuerte Quemado y comunidades originarias habían denunciado que viviendas, fincas, acequias y sitios arqueológicos figuraban dentro del catastro minero, y el rechazo social forzó al gobernador Raúl Jalil a dar marcha atrás con un emprendimiento que parecía encaminado.
Mientras casos puntuales como Sofía Gold se frenan, las condiciones generales siguen inclinándose hacia la gran minería. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) establece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por treinta años para proyectos de gran escala. Aunque desde el oficialismo se lo presenta como una llave para atraer capitales, numerosas organizaciones sociales, comunidades indígenas y asambleas socioambientales lo cuestionan porque entienden que consolida el poder de las corporaciones y debilita la capacidad del Estado y de las comunidades para decidir sobre sus propios territorios.
El debate por un modelo de desarrollo basado en los recursos naturales
En una provincia donde el empleo público constituye una de las principales fuentes de trabajo y el poder político aparece fuertemente concentrado en torno al oficialismo, los márgenes para construir alternativas productivas autónomas son estrechos. La dependencia de la minería como horizonte casi excluyente de desarrollo reduce, según advierten voces críticas, la imaginación política local y deja en un segundo plano otras actividades como la agricultura familiar, el turismo comunitario o la producción textil cooperativa, todas con arraigo histórico en la región.
La tensión entre el relato desarrollista y el arraigo territorial tuvo una postal violenta el 1° de agosto de 2025. Ese día, durante los preparativos para la corpachada en Laguna Blanca, vientos de más de 150 km/h se llevaron el techo del 80% de las casas del pueblo. Para muchos pobladores, la catástrofe se leyó en clave de reciprocidad rota: mientras la atención de la festividad se orientaba cada vez más al turista y la minería avanzaba sobre los cerros, la Pachamama pareció pasar factura.
La pregunta que sobrevuela la provincia es si el futuro puede construirse exclusivamente alrededor de la extracción de minerales o si hace falta recuperar una idea del territorio que no se agote en la categoría de recurso natural. Gutiérrez lo planteó sin eufemismos al preguntarse “qué es Catamarca y quiénes tienen derecho a participar en la construcción de su futuro”, un interrogante que las asambleas, las comunidades originarias y la propia historia de resistencia calchaquí mantienen abierto.
