“Solo queremos que nos pague lo que nos corresponde, nada más”. La frase es de Daiana Basso, una de las 30 exempleadas de la fábrica textil Sabri en Recreo, Catamarca, que denuncian una deuda de hasta $2 millones por trabajador y exigen el pago inmediato de salarios, aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones.
Los contratados despedidos reclaman montos que, en promedio, rondan los dos millones de pesos para cada uno, entre salarios caídos, vacaciones no gozadas, aguinaldo y otros conceptos. Basso explicó que la mayoría llevaba casi cuatro años en la planta y que, ante los reclamos, la empresa siempre respondía con la misma excusa por WhatsApp. “Siempre nos dice lo mismo: ‘ya les pago para la otra semana, no tengo dinero’”, relató.
Además del dinero adeudado, los exempleados describieron condiciones laborales que rayan la explotación. “Nos explotaban, nos hacían trabajar ocho horas, descansábamos ocho horas y volvíamos otras ocho horas. A veces trabajábamos 16 horas seguidas”, denunció la trabajadora. También afirmó que había “una cámara directa al baño” para controlar las idas al sanitario y que las amenazas eran parte de la rutina. “Todo el tiempo estábamos bajo amenazas”, añadió.
Según su testimonio, los operarios no podían afiliarse a ningún gremio. “Jamás nos dejó adherirnos a uno porque con amenazas también nos decían que nos iban a dejar sin trabajo”, sostuvo. Basso indicó que el dueño de la firma utilizaba la presión constante para evitar cualquier intento de organización sindical dentro de la planta textil de Recreo.
La asistencia oficial bajo la lupa
La controversia salpica al Gobierno provincial. Basso aseguró que el empresario textil recibía acompañamiento de la administración mientras acumulaba deudas con sus empleados. “Él estaba recibiendo la ayuda del Gobierno, pero a nosotros no nos pagó”, declaró. La exempleada añadió que el ministro de Producción recorrió la planta durante el período de vacaciones de los contratados, por lo que, según sus palabras, el funcionario “no tiene idea de esto”.
Ese señalamiento instala un debate urgente en Catamarca sobre los mecanismos de control que aplica el Estado cuando otorga asistencia productiva a empresas privadas. La denuncia expone la tensión entre el fomento a la industria local y la tutela efectiva de los derechos laborales: ¿se verifican las obligaciones patronales antes, durante y después de entregar un beneficio oficial?
Los 30 exempleados ya iniciaron acciones judiciales porque, según Basso, el dueño “no nos quiere pagar indemnización”. Mientras avanza la causa, mantienen una vigilia frente a la fábrica, en el este de Catamarca, a la espera de una respuesta concreta. La trabajadora confirmó que los despedidos permanecerán reclamando en el lugar hasta cobrar lo que les corresponde.
Hasta el momento, la deuda estimada en dos millones de pesos por persona sigue impaga. El conflicto pone sobre la mesa tanto la precariedad que enfrentan los trabajadores textiles en la provincia como la responsabilidad de las autoridades que acompañaron a la firma mientras se acumulaban los incumplimientos.
