“Por poner solo un ejemplo, el uniforme sale $1.200.000 y lo tienen que pagar los chicos”. Con esa frase, representantes de un grupo de policías autoconvocados que se manifestó este martes frente a las oficinas del SAE?911 en Catamarca puso sobre la mesa el reclamo que arrastran los aspirantes a la fuerza: una beca que ronda los $30.000 y gastos de formación que deben cubrir las familias enteras, mientras el Estado provincial no actualiza las liquidaciones ni emite el acto administrativo que los reconozca como estudiantes.
La protesta, sin embargo, incluyó un reclamo más amplio. Los manifestantes llevaron una nota al secretario de Seguridad, Gastón Venturini, para pedir que se retome “una revisión salarial que fue acordada en febrero de este año” y que nunca se concretó. Según detallaron, el ajuste que quedó frenado afecta en particular a unos 900 suboficiales retirados, que no vieron reflejado en sus haberes el incremento del nivelador. “El retirado no percibió el incremento del nivelador, porque es no remunerativo, es decir, en negro. Por eso hemos tenido muchas quejas de nuestros compañeros”, señaló una de las voceras durante la movilización.
Aspirantes sin pago y gastos a cargo de las familias
El eje más áspero del planteo fue la situación de los jóvenes que buscan ingresar a la fuerza. Los representantes sostuvieron que son aproximadamente 150 los aspirantes afectados y que “desde enero a julio no han cobrado absolutamente nada”. A eso se suma el monto exiguo de la beca, que “ronda los 30 mil pesos”, y la ausencia de cualquier resolución que los encuadre dentro del sistema de formación: “no ha salido siquiera el acto administrativo que los determine como estudiantes”, advirtieron.
Con ese panorama, el costo del equipamiento básico recae sobre las familias en Catamarca. Los voceros compararon la beca con el precio real de los elementos que exige la preparación: “Por poner solo un ejemplo, el uniforme sale $1.200.000 y lo tienen que pagar los chicos”. La combinación de meses sin cobro y gastos de esa magnitud provocó un creciente malestar que los propios policías en actividad decidieron canalizar en la calle. “Hemos recibido muchas quejas de los papás que tienen que estar costeando todos los gastos”, explicaron.
La tensión se profundiza porque los aspirantes, sin un marco administrativo que los ampare, ya aparecen en la órbita de las obligaciones operativas de la fuerza en Catamarca. Los manifestantes apuntaron que “ahora van a ser todos afectados para el Poncho”, en alusión a los servicios que suelen cubrirse durante el tradicional festival catamarqueño, sin que antes se haya regularizado su situación estudiantil ni saldado la deuda de los meses anteriores.
El conflicto, que empezó como un planteo salarial interno de la policía, expone ahora un cuestionamiento político más amplio hacia el área de Seguridad de la provincia. La protesta no solo puso el foco en los haberes de los retirados, sino que obliga a discutir con qué herramientas el Estado acompaña la incorporación de nuevos agentes y cómo responde a las familias que, según los dichos de los autoconvocados, vienen sosteniendo sola la formación de los futuros efectivos.
Los manifestantes informaron que ya quedó pautada una reunión para este jueves con representantes de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario, y adelantaron que van a “solicitar la presencia de la ministra de Trabajo, Verónica Soria”. El encuentro será la primera oportunidad para que las autoridades provinciales pongan una cifra y un plazo sobre la mesa y, sobre todo, para que los 150 aspirantes y los 900 retirados sepan si los anuncios que esperan desde enero van a transformarse en hechos.
