La concejal Eleonora Sopaga le pidió a la secretaria de Protección Ciudadana de la Municipalidad de la Capital, Mariela Romero, que rinda cuentas sobre las autorizaciones, tarifas, cobros compulsivos y convenios de explotación de los predios aledaños al Predio Ferial durante la 55.a edición del Festival Nacional e Internacional del Poncho. El requerimiento busca esclarecer el funcionamiento del esquema de ordenamiento, control y explotación comercial del estacionamiento en uno de los eventos más convocantes de Catamarca.
El pedido de informes surgió a partir de múltiples inquietudes y reclamos por cobros excesivos, arbitrarios y eventuales irregularidades que sufrieron tanto vecinos de la capital catamarqueña como los miles de turistas que visitaron el festival. La iniciativa parlamentaria apunta a que el municipio dé explicaciones precisas sobre la operatoria que se montó alrededor del predio.
Sopaga requirió un informe pormenorizado sobre la cantidad exacta de cuidacoches o “trapitos” autorizados, el procedimiento de selección que se implementó, los requisitos exigidos para desempeñar esa labor y si el personal contaba con elementos identificatorios oficiales que permitieran individualizarlos correctamente. También pidió que se precisen las áreas municipales responsables de la supervisión, las calles y sectores específicamente asignados, si se establecieron turnos o cupos máximos y, fundamentalmente, si existió una tarifa fija o un valor de referencia acordado.
Piden identificar quiénes explotaron los estacionamientos del Poncho y cuánto se cobró
En el mismo escrito, la edil capitalina solicitó que se detallen las denuncias recibidas por cobros compulsivos, extorsiones o montos superiores a los fijados, y que se especifiquen las actas de infracción, los controles realizados y las sanciones que se aplicaron. La intención es dimensionar la magnitud de los abusos denunciados y el grado de respuesta del poder de contralor en Catamarca.
Respecto de los terrenos y predios aledaños al Predio Ferial que se utilizaron para el aparcamiento vehicular, el pedido exige la individualización de cada espacio, la identificación de sus responsables legales y los convenios o resoluciones que autorizaron la explotación. También se reclama que se informe con claridad cuáles fueron las tarifas acordadas según el tipo de vehículo.
Un punto central del requerimiento es saber si el municipio capitalino percibió algún canon, tasa o contraprestación económica por el otorgamiento de esos permisos y qué mecanismos de fiscalización se implementaron para evitar abusos tarifarios. El planteo deja bajo la lupa el circuito económico que se generó durante el Poncho y la capacidad del Estado local para controlar la actividad de los particulares que explotaron el estacionamiento.
El pedido también solicita que se aclare si se fijaron cupos máximos de vehículos por sector y si los cuidacoches autorizados cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos al momento de la selección. La concejal remarcó la necesidad de contar con un detalle completo de las actas labradas durante el operativo de control, para establecer si las sanciones aplicadas guardaron proporción con las faltas detectadas.
