Las crecientes tensiones por el reparto de los recursos mineros en el interior y el grave deterioro edilicio en efectores públicos volvieron a evidenciar las contradicciones que atraviesan al Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca. Pese a los anuncios oficiales sobre grandes inversiones y balances extraordinarios, la realidad territorial exhibe disputas políticas entre municipios por la renta extractiva, servicios de salud colapsados y una marcada ausencia de respuestas ante emergencias sociales elementales.
La puja territorial por los beneficios del litio estalló formalmente en el oeste provincial. Las autoridades y comunidades de Antofagasta de la Sierra rechazaron en la Secretaría de Minería el intento de la senadora por Belén de incluir a su departamento en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Kachi, exigiendo que se respete la ley y se garantice la prioridad de contratación para los pobladores locales de El Peñón y Carachi Pampa.
En simultáneo a la discusión por las regalías, la infraestructura asistencial capitalina expuso un cuadro de precariedad alarmante. En el Hospital de Niños Eva Perón, salieron a la luz imágenes de baldes colocados en la sala principal de emergencias para contener goteras del techo en días sin precipitaciones, un episodio que desnudó graves fallas edilicias en medio de recortes presupuestarios que afectan el funcionamiento hospitalario.
Este deterioro estructural coincide con un incremento del 21,8% en la población del Gran Catamarca sin cobertura médica privada, arrojando a miles de familias al sistema sanitario público ante la imposibilidad de afrontar las cuotas de las prepagas. La sobredemanda hospitalaria recae de lleno sobre instalaciones con filtraciones de agua y carencias de insumos, profundizando el malestar de pacientes y profesionales.
Precarización institucional y desborde social frente al Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca
La vulnerabilidad económica forzó a los sectores más desprotegidos a recurrir a la mendicidad a metros de los despachos oficiales. En los semáforos del CAPE, personas con secuelas inhabilitantes de ACV debieron salir a pedir limosna para costear tratamientos médicos, una situación de desamparo que se complementa con la intervención de la División Trata de Personas para rescatar a dos niños de 9 y 10 años que realizaban venta ambulante en la vía pública.
A este escenario crítico se suman las huelgas y denuncias por empleo informal en el interior provincial. En Recreo, el gremio ATE advirtió que el 95% de los sueldos municipales se paga en negro sin que la Dirección de Inspección Laboral intervenga, mientras que en el sector de transporte la UTA denunció que Sierras de Ambato opera con choferes no registrados y sin abonar salarios, manteniendo recorridos con un solo colectivo pese a percibir subsidios estatales.
La combinación de disputas por el litio, fallas edilicias en nosocomios y protestas laborales expone las prioridades no resueltas del Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca. Con una sociedad acorralada por el sobreendeudamiento, falta de agua por roturas de caños y un marcado desgaste en los servicios esenciales, crecen los reclamos para que el Poder Ejecutivo abandone la inercia administrativa y brinde soluciones estructurales inmediatas.
