El colapso de las prestaciones de media distancia y las denuncias de precarización laboral extrema volvieron a exponer las deficiencias de fiscalización durante el mandato de Jalil en Catamarca. La paralización de los servicios de la empresa Sierras de Ambato SRL —cuyo personal inició una retención de tareas por salarios adeudados— dejó al descubierto que las unidades continúan realizando recorridos con choferes no registrados, mientras los organismos provinciales siguen liquidando compensaciones y subsidios públicos a la firma prestataria sin verificar el cumplimiento de las normativas laborales mínimas.
La advertencia fue formalizada por la dirigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), donde remarcaron que los empleados del sector acumulan meses sin percibir sus haberes y “no conocen lo que es un recibo de sueldo”. Desde el gremio expusieron la contradicción de un sistema que sostiene financieramente a concesionarias que operan con personal precarizado, mientras las familias del interior quedan aisladas por la reducción drástica de frecuencias a una sola unidad operativa por corredor.
A la falta de fiscalización sobre las empresas de transporte se suma el reclamo por las deudas acumuladas en los giros estatales. Las empresas del rubro adujeron atrasos reiterados en el desembolso de los subsidios provinciales y las compensaciones tarifarias, una demora en las partidas oficiales que agrava la descapitalización del sector y coincide con las advertencias empresarias de otros rubros por retrasos en los pagos de la obra social OSEP y deudas con proveedores de salud.
La fragilidad de la movilidad interurbana adquiere un matiz aún más grave frente al deterioro extremo de las calzadas que conectan los departamentos. Desde el Sindicato de Trabajadores Viales alertaron que el 70% de las rutas troncales se encuentra en condiciones críticas, destacando que arterias estratégicas como la Ruta Nacional 38 y la 157 exhiben tramos destruidos que destruyen el material rodante y multiplican el peligro vial para los usuarios que deben viajar a diario.
Parálisis de frecuencias, rutas degradadas y falta de auditoría en el mandato de Jalil en Catamarca
El conflicto del transporte se cruza además con los reclamos del sector comercial y de servicios turísticos. Las agencias de viajes vienen advirtiendo sobre el impacto directo de la crisis en los traslados hacia el interior, denunciando que la falta de conectividad confiable y la proliferación de transportes y excursiones no reguladas se dan ante la pasividad de las áreas provinciales de fiscalización, que no intervienen para ordenar los corredores ni asegurar garantías básicas a los usuarios.
En simultáneo, la administración enfrenta duros cuestionamientos en el ámbito parlamentario por eludir el debate sobre los costos de los servicios públicos. Durante la última sesión en Diputados, el bloque oficialista bloqueó el tratamiento de iniciativas urgentes sobre tarifas energéticas y endeudamiento de los hogares, ratificando una postura que prioriza la agenda protocolar mientras el transporte público, la producción fabril y las economías domésticas sufren la falta de medidas estructurales.
La connivencia con concesionarias que incumplen convenios y la degradación de la infraestructura vial evidencian los severos límites de la gestión oficial durante el mandato de Jalil en Catamarca. Con choferes sin recibo de sueldo que continúan manejando colectivos subsidiados, rutas agrietadas por la falta de inversión y usuarios cautivos del interior que pierden sus conexiones esenciales, el Gobierno provincial enfrenta la demanda de aplicar auditorías rigurosas que impidan la continuidad del desamparo laboral y social en los servicios públicos.
