Una seguidilla de frentes de conflicto salariales, tarifarios y de infraestructura profundizó las tensiones institucionales que atraviesa el Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca. El descontento de la fuerza policial, que derivó en la ruptura paritaria del Círculo de Suboficiales y Agentes tras el recha
zo a una oferta oficial reducida al 8% frente al 80% reclamado en el sistema de puntos, volvió a exhibir la distancia entre las demandas salariales de los trabajadores estatales y la política de contención del gasto que sostiene el Ejecutivo provincial.
El quiebre en la mesa policial dejó al descubierto que alrededor de 2.000 uniformados continúan percibiendo sumas no remunerativas bajo el concepto de “nivelador”, un adicional en negro que distorsiona la pirámide de haberes y posterga la antigüedad de las jerarquías de base. Este esquema de ingresos achatados coincide temporalmente con las discusiones paritarias en los municipios, donde el pase de acuerdos en cuotas destapó la existencia de más de 5.600 trabajadores bajo contratos precarios en el ámbito comunal.
La licuación de los ingresos básicos impacta de lleno en un contexto donde el acceso a los servicios esenciales se torna inviable para miles de hogares. Desde el propio Senado provincial se advirtió que la tarifa eléctrica “va a explotar” en el interior y que los usuarios no pueden pagar el servicio facturado por Energía de Catamarca SAPEM, registrándose localidades enteras de Ancasti que estuvieron 20 días sin luz por la caída de tendidos y padecen caídas de tensión que apenas entregan 180 voltios.
Precarización en los servicios, parálisis del transporte y crisis social bajo el Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca
El deterioro salarial y la falta de regulación pública también alcanzaron al sistema de transporte de media distancia, donde los choferes de la empresa Sierras de Ambato iniciaron un paro total por haberes impagos. La entidad gremial UTA denunció que la firma opera con conductores no registrados que “no conocen lo que es un recibo de sueldo”, mientras los organismos provinciales siguen liquidando compensaciones y subsidios públicos a la concesionaria sin exigir la regularización del personal.
A la parálisis de los servicios interurbanos se sumó la advertencia gremial por el estado de la red vial, remarcando que el 70% de las rutas troncales se encuentra intransitable por falta de mantenimiento, lo que aísla a las comunidades del interior y golpea la conectividad turística. Este cuadro de degradación urbana se replica en la Capital, donde las cuadrillas de la empresa estatal Aguas de Catamarca desoyen reclamos por filtraciones subterráneas que ponen en peligro de derrumbe a casonas históricas protegidas por ordenanza. La confluencia de reclamos policiales sin resolver, sueldos deprimidos por ítems informales y servicios públicos colapsados expone los límites operativos del Gobierno de Raúl Jalil en Catamarca.
