Un marcado contraste entre la urgencia social y las prioridades de la gestión oficial quedó al descubierto ante la situación de las familias morosas en Catamarca. Mientras el gobernador Raúl Jalil solicitó públicamente “un poco de paciencia” para evaluar medidas de refinanciación con Capresca y el Banco Nación en un plazo de hasta 20 días, la administración provincial exhibió celeridad para consensuar con el Ejecutivo nacional beneficios tributarios y esquemas especiales en la Zona Franca de Tinogasta y proyectos mineros.
El pedido de calma del mandatario provincial choca de lleno con la gravedad del deterioro económico doméstico. Datos expuestos en el ámbito parlamentario nacional revelaron que la morosidad bancaria de los hogares se duplicó en el último año, saltando del 6% al 12%, un índice alarmante que refleja que miles de catamarqueños toman créditos exclusivamente para cubrir gastos básicos de subsistencia, como la compra de alimentos y el pago de boletas de servicios esenciales.
A la asfixia cotidiana de los usuarios se suma la parálisis casi total de la actividad mercantil en los centros urbanos. Desde la Unión Comercial provincial advirtieron que los consumidores se quedaron sin límite en sus tarjetas de crédito tras acumular compromisos impagos, una barrera financiera insalvable que neutralizó programas de incentivo oficial como el Marcatón y profundizó el estancamiento de las ventas en los negocios barriales.
En este marco de fragilidad socioeconómica, la controvertida decisión del Ejecutivo de exigir cursos obligatorios de educación financiera para acceder a la refinanciación generó un amplio rechazo social. Atribuir la insolvencia a un supuesto desconocimiento de las tasas de interés o reclamar que los ciudadanos actúen como gerentes de costos fue considerado un intento oficial de desviar el debate sobre el impacto de las tarifas eléctricas y la licuación de los sueldos frente al costo de vida.
Reclamo mercantil para pymes, atraso en Capresca y la sesión del 9 de septiembre
La falta de respuestas inmediatas también motivó la reacción de los representantes de las pequeñas y medianas empresas. La dirigencia comercial planteó que los esquemas de asistencia financiera deben incorporar al sector de las pymes con el asesoramiento de profesionales en Ciencias Económicas, alertando que los comercios locales absorben pérdidas y reestructuran horarios para no caer en circuitos usureros ante la ausencia de financiamiento productivo provincial a tasas accesibles.
La parsimonia del Estado catamarqueño contrasta con la presión institucional que se concentra en el Congreso de la Nación, donde se debatirán 48 proyectos sobre sobreendeudamiento familiar el 9 de septiembre. Mientras legisladores nacionales demandan que el Poder Ejecutivo afronte la discusión sin dilaciones burocráticas, en el plano local los afectados continúan aguardando que los organismos provinciales definan mecanismos concretos de salvataje que impidan ejecuciones y cortes de servicios.
La distancia entre las promesas a largo plazo y la subsistencia diaria acentúa la incertidumbre de las familias morosas en Catamarca. Con plásticos bloqueados en los mostradores, endeudamiento crónico para afrontar tarifas y un Gobierno provincial que prioriza incentivos a grandes inversiones mientras dilata el auxilio a los sectores vulnerables, la comunidad trabajadora sigue reclamando soluciones urgentes que restituyan el poder adquisitivo frente a la recesión.
