La acumulación de traspiés institucionales, improvisaciones de obra pública y crisis económica profundizó las críticas hacia la gestión de Jalil en Catamarca. Mientras el gobernador Raúl Jalil exhibe sintonía política con la Casa Rosada en foros empresariales y vaticina la reelección de Javier Milei, los indicadores territoriales revelan una marcada desconexión entre la retórica oficial de reactivación y la asfixia cotidiana que golpea a los hogares de la provincia.
El frente universitario estalló tras rubricarse el nuevo marco societario de YMAD amparado en el DNU 2/2026. Para sellar el traspaso dentro del plazo de 180 días impuesto por Nación, el Ejecutivo convalidó regresar al esquema de 1958, garantizando el 60% accionario a la Provincia y el 40% a la Universidad Nacional de Tucumán. Esta maniobra jurídica marginó a la Universidad Nacional de Catamarca del reparto directo de ganancias mineras, forzándola a depender de convenios con la casa vecina.
A este repliegue se sumó el fracaso licitatorio de la nueva Terminal Metropolitana. Ante la falta de oferentes privados para financiar los 28.885 millones de pesos presupuestados, el Gobierno resolvió ejecutar los trabajos por administración estatal y en etapas atadas a la caja disponible. La obra no figura en la Ley de Presupuesto 2026 y arrancó recortando dársenas y apelando a construcción en seco, degradando las promesas formuladas desde 2022.
En simultáneo, el panorama socioeconómico demolió el discurso de recuperación productiva. El informe técnico del Mirador MATE constató que el 36,6% de los catamarqueños con crédito de consumo cayó en mora, ubicando a la jurisdicción entre las tres peores del país. Con tasas usurarias del 8,9% mensual en billeteras virtuales, miles de familias recurren al endeudamiento para comprar comida y evitar el corte de servicios elementales.
Ajuste social, rigor policial y el deterioro de la gestión de Jalil en Catamarca
La respuesta gubernamental ante el quebranto financiero evidenció una preocupante insensibilidad social. Mientras la administración plantea cursos obligatorios de educación financiera mediante Capresca y dilata refinanciaciones con plazos de hasta 20 días, la Policía aprehende a vecinos por enganches precarios de energía sobre avenida Belgrano, castigando la falta de recursos para costear tarifas en lugar de asegurar asistencia para los sectores más desamparados.
Este rigor punitivo sobre la subsistencia contrasta con la fragilidad preventiva de la seguridad ciudadana. Las fuerzas provinciales concentran sus recursos en masivos retenes viales con secuestro de motocicletas por infracciones administrativas, mientras se repiten episodios de violencia de género en el Hospital de Niños, la agresión intrafamiliar satura comisarías periféricas sin respuesta interdisciplinaria y el vandalismo nocturno destruye luminarias en El Jumeal.
El cruce de datos y reclamos expone la debilidad estructural que atraviesa la gestión de Jalil en Catamarca. Con la comunidad universitaria despojada de sus recursos mineros, obras clave libradas a la improvisación presupuestaria y más de un tercio de la población atrapada en insolvencia económica, el oficialismo enfrenta un severo desgaste frente a una comunidad que exige respuestas urgentes para su subsistencia diaria.
