La firma del nuevo marco societario de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) provocó un enérgico malestar en el sector universitario en Catamarca. Tras el acuerdo sellado entre el gobernador Raúl Jalil y la administración de Javier Milei para formalizar el traspaso de las acciones nacionales, el mandatario provincial rubricó un decreto que dejó a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) sin participación directa sobre las millonarias utilidades generadas por el histórico yacimiento de oro y plata emplazado en suelo provincial.
El nuevo esquema de distribución otorgó a la Provincia de Catamarca el 60% del paquete accionario y la conducción corporativa de la firma, mientras que el 40% restante quedó reservado exclusivamente para la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El diseño jurídico pactado resolvió regresar rígidamente a los términos fundacionales de la Ley 14.771 del año 1958, marginando por completo a la casa de altos estudios catamarqueña con el argumento formal de que su creación se produjo recién en 1972.
Para cumplir con el plazo de 180 días corridos establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026 emitido por el presidente Milei, el Gobierno provincial y las autoridades tucumanas apuraron las negociaciones y estamparon la firma el pasado 6 de julio. Este blindaje exprés permitió acelerar el traspaso administrativo pero consumó el desfinanciamiento estructural de la institución académica vernácula, privándola de contar con fondos genuinos derivados de los recursos minerales extraídos en su propio territorio.
La discriminación presupuestaria entre ambas casas de estudio resulta abrumadora. Mientras la UNT mantiene un flujo de utilidades millonarias asignadas formalmente a culminar los 135.000 metros cuadrados de la Ciudad Universitaria de San Javier basándose en una donación de la década de 1930, la universidad local quedó reducida a la condición de solicitante, dependiendo de eventuales acuerdos bilaterales y de la voluntad política de las autoridades de la provincia vecina para fondear proyectos científicos en Catamarca.
Rápido traspaso con la Casa Rosada, exclusión académica y dependencia financiera
El relegamiento de la institución universitaria profundiza las críticas hacia las prioridades distributivas del Ejecutivo catamarqueño. Representantes gremiales, docentes y agrupaciones estudiantiles cuestionaron que, mientras el oficialismo pregona un crecimiento de la renta extractiva provincial, la principal entidad formadora de profesionales del territorio no reciba un solo porcentaje accionario de la riqueza que aportan los cerros catamarqueños.
Esta decisión política expone las contradicciones del mandatario provincial respecto al resguardo del patrimonio público local. Al mismo tiempo que Jalil elogia el rumbo del Gobierno nacional en convenciones empresariales y asegura que la minería experimenta una etapa favorable, convalida una arquitectura legal que posterga a la comunidad educativa catamarqueña y subordina el desarrollo de sus laboratorios y cátedras a los excedentes que decida transferir una universidad foránea.
