El crítico nivel de mora que golpea a los hogares abrió un fuerte debate legislativo sobre el endeudamiento de las familias en Catamarca. Tras el tratamiento de más de 50 iniciativas en las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación, se emitieron tres dictámenes distintos, visibilizando la falta de consenso sobre cómo frenar la asfixia crediticia en un territorio donde la morosidad bancaria ya alcanza al 34,34% de la población.
La diputada nacional catamarqueña Claudia Palladino expuso las marcadas discrepancias entre el dictamen mayoritario del oficialismo libertario y la propuesta de alivio impulsada por la oposición. Mientras el proyecto del Gobierno central prioriza la educación financiera y la transparencia informativa, el despacho unificado de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica propone declarar la emergencia por 180 días para auxiliar a los deudores en situación de vulnerabilidad extrema.
La iniciativa opositora busca frenar de raíz los abusos del sistema crediticio mediante la eliminación del 100% de los intereses punitorios y la suspensión de embargos judiciales. El régimen especial prevé aplicarse a quienes registren una mora de al menos 60 días con pasivos que no superen el equivalente a dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2, estableciendo por ley que las cuotas de refinanciación no podrán insumir más del 30% de los ingresos familiares.
Palladino denunció además el descontrol en los préstamos otorgados por plataformas digitales y los constantes aprietes en las cobranzas extrajudiciales. La legisladora remarcó que las aplicaciones móviles facilitan créditos sin exponer con claridad el costo financiero total, recurriendo luego al hostigamiento sistemático sobre el entorno vecinal y familiar para forzar pagos desmedidos, mientras la gente recurre al endeudamiento para cubrir compras elementales de comida.
Asfixia crediticia y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La falta de herramientas financieras provinciales frente a la crisis reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores sociales fustigan que el Ejecutivo provincial no haya implementado un fondo extraordinario de salvataje crediticio ni subsidios de tasa a través del Banco Nación o la Caja de Crédito para contener la mora cotidiana de los hogares, mientras destina fondos a comitivas en el extranjero y propaganda oficial.
A este desamparo se añade la contradicción entre los anuncios provinciales de estabilidad económica y la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos locales. Referentes comunitarios denuncian que las dependencias provinciales miran para otro lado ante el negocio de las financieras usureras que retienen tarjetas de cobro en el microcentro, abandonando a familias que se endeudan a tasas confiscatorias para pagar la luz o remedios que el sistema público no cubre.
El avance de los dictámenes parlamentarios confirma la magnitud de la crisis ligada al endeudamiento de las familias en Catamarca. Con miles de hogares al borde del embargo, salarios carcomidos por la inflación y una evidente falta de políticas públicas de contención por parte del Estado provincial, los sectores más vulnerados exigen medidas concretas que garanticen la alimentación y frenen el acoso financiero cotidiano.
