La media sanción del proyecto que adecua el régimen procesal para menores desató una fuerte polémica presupuestaria sobre la ley penal juvenil en Catamarca. El diputado provincial Mamerto Acuña advirtió que la iniciativa correspondiente al expediente 595/2026 resultará de cumplimiento imposible debido a la absoluta falta de recursos económicos, personal especializado e infraestructura de alojamiento en Catamarca.
La iniciativa busca acoplar el esquema judicial local a las disposiciones de la Ley nacional 27.801. No obstante, el legislador remarcó que se sancionó una norma sin una evaluación económica previa que determine cómo se financiarán las medidas coercitivas y formativas, señalando que sancionar normativas sin respaldo financiero es un acto meramente inoficioso que no resolverá la problemática de fondo.
Uno de los puntos más controvertidos del texto radica en su artículo 195, el cual facultaría al Poder Ejecutivo a modificar partidas del Poder Judicial. Acuña cuestionó con dureza este mecanismo, argumentando que vulnera la independencia institucional y choca contra el artículo 206, inciso 5, de la Constitución provincial, al pretender recortar fondos a un tribunal que ya atraviesa una compleja situación económica.
Los números expuestos durante el debate reflejan la magnitud del déficit. De los 148.000 millones de pesos asignados a la Justicia catamarqueña para el ejercicio corriente, ya se ejecutaron 101.000 millones, proyectándose un faltante de 2.000 millones de pesos únicamente para cubrir los últimos cuatro meses del año, lo que torna inviable afrontar los 300 casos anuales que se estiman para el nuevo régimen.
Déficit edilicio y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La carencia de dispositivos de alojamiento específicos reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores parlamentarios y judiciales fustigan que el Ejecutivo impulse reformas penales de impacto público sin acondicionar los institutos provinciales, dado que el único establecimiento disponible en Santa Rosa, departamento Valle Viejo, apenas podría adaptarse de manera parcial y carece de áreas separadas para varones y mujeres.
A este déficit de infraestructura se suma la contradicción política de exigir mayor rigor punitivo mientras se retacean las partidas a los organismos de contención y minoridad. Funcionarios judiciales advierten que el Gobierno provincial descarga sobre los tribunales la responsabilidad de ejecutar una reforma compleja, omitiendo nombrar equipos técnicos interdisciplinarios ni dotar a las comisarías del interior de espacios adecuados de custodia transitoria.
El pase del expediente al Senado pondrá a prueba la viabilidad real de la ley penal juvenil en Catamarca. Con la advertencia opositora de que la norma está plagada de buenas intenciones pero resulta impracticable por desfinanciamiento, la comunidad jurídica exige al Poder Ejecutivo provincial rectificar las facultades delegadas y garantizar partidas presupuestarias reales antes de consolidar una legislación inaplicable en el territorio.
