Una grave presentación judicial radicada en los tribunales de Comodoro Py involucró de lleno a Raúl Jalil en la Justicia federal. La denuncia penal apunta contra el mandatario provincial y miembros de su gabinete por presunta administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles, a raíz de un acuerdo conciliatorio que redujo drásticamente una penalidad millonaria impuesta a la constructora del Gasoducto Troncal Lavalle en Catamarca.
El proyecto original había sido adjudicado en agosto de 2022 a la empresa MEGA, ligada al empresario Carlos Fernando Berruezo Sánchez, con un presupuesto inicial de 4.560 millones de pesos provenientes de partidas nacionales. Tras el cobro de un anticipo financiero de 454 millones de pesos, la contratista abandonó las tareas operativas, motivando una sanción provincial de 1.963 millones en 2023 y la posterior rescisión del contrato en abril de 2024.
La controversia judicial escaló luego de que la administración provincial suscribiera un acuerdo conciliatorio que extinguió las demandas. Mediante este convenio, la compañía desistió del litigio a cambio de abonar apenas 301 millones de pesos a las arcas locales, mientras la provincia renunció a ejecutar la sanción original y asumió la liberación de las pólizas de caución, omitiendo que la penalidad actualizada por inflación superaría los 6.800 millones de pesos.
El escrito acusatorio enfatiza la presunta afectación de partidas remitidas por la administración central con fines específicos. De acuerdo con el convenio suscripto, los fondos no aplicados debían devolverse al Tesoro nacional y no podían reconvertirse en recursos de libre disponibilidad provincial, motivo por el cual los denunciantes reclaman peritajes contables urgentes y la reconstrucción patrimonial de las transferencias.
Falta de dictámenes técnicos y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La omisión de auditorías económicas previas reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios y legislativos fustigan que los organismos de control provinciales eludieran analizar la conveniencia del arreglo, dado que la Fiscalía de Estado y la Asesoría General declararon que la evaluación técnica excedía sus competencias, derivando en que la cifra final carezca de respaldo documental.
A esta opacidad administrativa se añaden los pedidos de investigación contra exministros y funcionarios de primera línea del Ejecutivo. La presentación penal alcanza al fiscal de Estado, Nicolás Rosales Matienzo; al ministro de Gobierno, Alberto Adolfo Natella; al exministro de Agua y Energía, Alberto Kozicki; y al exfiscal Marcos Denett, acusados de convalidar la licuación patrimonial de la sanción a espaldas de la ciudadanía.
La presentación formal profundiza la crisis política en torno a Raúl Jalil en la Justicia federal. Con antecedentes de denuncias promovidas por diputados opositores y expedientes que exponen el abandono definitivo del tendido energético hacia el este provincial, la ciudadanía exige al fuero federal esclarecer el destino de los millonarios fondos públicos transferidos a constructoras que dejaron inconclusas obras estructurales para las familias de Catamarca.
