Una seguidilla de denuncias judiciales y graves fallas preventivas pusieron en jaque a Raúl Jalil en Catamarca. La radicación de una causa penal en los tribunales federales por presuntas irregularidades en el gasoducto inconcluso coincidió con un audaz robo en la casa del propio secretario de Seguridad provincial, dejando expuesto un marcado deterioro institucional en Catamarca.
El frente judicial escaló tras la denuncia penal presentada contra el mandatario y sus ministros por administración fraudulenta y malversación de caudales. El escrito cuestiona que la administración provincial haya convalidado un acuerdo para cobrar apenas 301 millones de pesos a la constructora MEGA tras rescindir el contrato del Gasoducto Lavalle, licuando una penalidad administrativa que actualizada por inflación superaría los 6.800 millones de pesos.
En simultáneo con la sospecha sobre el manejo de fondos públicos, la inseguridad golpeó en el núcleo jerárquico del gabinete. Desconocidos forzaron una ventana y saquearon la vivienda familiar del secretario de Seguridad, Gastón Venturini, ubicada sobre la céntrica calle Junín a escasos metros de tribunales penales y en una cuadra con monitoreo de cámaras, confirmando la vulnerabilidad del microcentro capitalino.
Este cuadro de descomposición urbana convive con un riesgo edilicio palpable en las mismas arterias comerciales. A pocas cuadras del domicilio asaltado, el derrumbe imprevisto de una medianera de adobe sobre calle Chacabuco al 200 derribó mampostería sobre la vereda peatonal, revelando que la estructura inestable permanecía sostenida precariamente por un poste del tendido eléctrico sin inspección de las áreas de Obras Públicas.
Descalabro institucional y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La acumulación de causas judiciales y desidia en los controles urbanos reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios y legislativos fustigan que el Ejecutivo provincial convalide acuerdos conciliatorios lesivos para el erario público mientras los organismos de control eluden dictaminar sobre la conveniencia económica de condonar multas a contratistas que abandonaron obras troncales.
A este déficit de probidad se añade la contradicción entre los anuncios oficiales de modernización y la indefensión cotidiana de los vecinos. Residentes del Valle Central remarcan que el Gobierno provincial promociona acuerdos de inversión en foros del exterior mientras es incapaz de garantizar patrullajes preventivos eficaces, relevar fachadas centenarias en ruinas o asegurar el acceso a servicios de gas y agua en las localidades del interior.
El cruce entre causas por corrupción, delitos en dependencias jerárquicas y abandono edilicio ratifica el desgaste político de Raúl Jalil en Catamarca. Con expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py y una ciudadanía alarmada por la falta de respuestas básicas, la sociedad exige al Poder Ejecutivo provincial transparentar de inmediato las cuentas públicas y priorizar la integridad física de las familias catamarqueñas.
