El hermetismo en la rendición de cuentas públicas derivó en una presentación judicial contra el municipio capitalino encabezado por el intendente Gustavo Saadi. Ante la falta de respuestas oficiales a solicitudes financieras, el legislador provincial Tiago Puente acudió a la Corte de Justicia para exigir el cumplimiento de la transparencia municipal en Catamarca.
La medida judicial fue interpuesta bajo la figura de amparo por mora administrativa contra la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. El planteo busca forzar la entrega de documentación sobre las ejecuciones presupuestarias de los ejercicios 2024 y 2025, los balances contables, la nómina de la planta política y el estado actualizado de la deuda pública de la Capital.
Según consta en la presentación, el requerimiento inicial ingresó formalmente al municipio el 19 de marzo de este año. Pese al vencimiento de los plazos legales establecidos por la normativa provincial de acceso a la información pública, la administración municipal no entregó los datos requeridos ni emitió una notificación formal para justificar la negativa.
La solicitud parlamentaria apunta a verificar el destino de partidas sensibles, especialmente la denominada “Aplicaciones Financieras” correspondiente a las inversiones del Fondo Anticíclico. Asimismo, el amparo exige transparentar los fondos asignados al mantenimiento urbano y al desarrollo de obras viales en los distritos capitalinos.
Ocultamiento fiscal e intensos reproches por la transparencia municipal en Catamarca
Las mayores observaciones del legislador opositor apuntaron contra la gestión municipal por ignorar las obligaciones estipuladas en las Leyes N.º 4.795, N.º 4.850 y N.º 5.336 de acceso a la información pública. Cuestionan que las autoridades de la Capital mantengan bajo reserva los números reales de la ejecución presupuestaria mientras la ciudadanía exige explicaciones sobre el uso de los recursos.
De igual manera, el representante del bloque GENERAR remarcó que el silencio de la administración configura una grave falta institucional que vulnera el derecho ciudadana al control gubernamental. Criticó que el municipio impida la fiscalización externa sobre las contrataciones y el endeudamiento, afectando los principios básicos de la transparencia municipal en Catamarca.
El estancamiento del pedido obligará al máximo tribunal provincial a expedirse sobre la mora administrativa municipal. Ante la falta de respuestas voluntarias por parte del Ejecutivo comunal, la Justicia deberá determinar si le otorga un plazo de diez días hábiles a la Municipalidad para publicar la totalidad de los balances financieros.
