El sobredimensionamiento del gabinete provincial y el costo del Poder Legislativo reavivaron el debate sobre la administración de los recursos públicos locales. Un planteo impulsado desde la oposición exigió una reforma constitucional integral para recortar cargos jerárquicos y redireccionar esos fondos hacia la recomposición de los haberes en salud, educación y seguridad frente al elevado gasto político en Catamarca.
La iniciativa fue presentada por el exdiputado Hugo Ávila, quien cuestionó la expansión de la estructura del Poder Ejecutivo conducido por el gobernador Raúl Jalil. El exlegislador señaló que la gestión provincial llegó a contar con 18 ministerios, incrementando de manera sustancial las secretarías, subsecretarías y direcciones generales que imponen una Pesada carga sobre las arcas fiscales en Catamarca.
Entre los puntos centrales de la propuesta se destaca la reducción de bancas en la Legislatura provincial, pasando de 57 a 27 integrantes mediante la eliminación de 30 escaños. Asimismo, se planteó volver a una composición de tres ministros en la Corte de Justicia —en lugar de los siete actuales— y fijar un techo constitucional de ocho ministerios para evitar el crecimiento discrecional del Gabinete.
El cuestionamiento principal apuntó a la figura de los asesores fuera de nivel, cuya nómina ascendería a más de 3.000 designaciones en la administración central. Frente a ese volumen de nombramientos, se reclamó fijar un tope máximo de 200 asesores para todo el sector público provincial.
Excesos en el Gabinete y reproches por el gasto político en Catamarca
Las principales observaciones se dirigieron hacia el Poder Ejecutivo por priorizar la ampliación de cargos políticos en detrimento de los salarios de la masa trabajadora. Cuestionan que las decisiones presupuestarias mantengan estructuras burocráticas sobredimensionadas mientras médicos, docentes y policías perciben remuneraciones desvalorizadas por el proceso inflacionario.
De igual manera, el planteo cuestionó la falta de austeridad en los tres poderes del Estado provincial. Criticaron que no existan límites normativos que impidan la proliferación de nombramientos jerárquicos y la creación de dependencias sin funciones operativas claras en la administración pública.
El debate sobre el achicamiento de la planta política tensa las discusiones institucionales en el inicio de la agenda legislativa. Ante el atraso de los ingresos salariales en las prestaciones básicas del Estado, diversos sectores sociales exigen frenar el gasto político en Catamarca.
