El Gobierno de Raúl Jalil mantiene abierto el avance del proyecto minero El Alto, mientras continúan sin respuesta los pedidos de información presentados por autoridades de Ancasti. El senador departamental Rodolfo Santillán aseguró que el Ministerio de Minería no contestó el requerimiento formal realizado desde la Legislatura. El municipio afirma que tampoco fue notificado oficialmente en Catamarca.
Santillán explicó que la ministra de Minería, Teresita Regalado, fue invitada a una reunión de comisión en el Senado para brindar precisiones sobre el emprendimiento impulsado por Litios del Norte S.A. La funcionaria no asistió y, según el legislador, hasta el momento tampoco remitió la documentación solicitada.
El silencio oficial alcanza aspectos centrales del proyecto. El programa de exploración contempla hasta 21 perforaciones, un consumo máximo informado de 2.100 metros cúbicos de agua y 13 concesiones mineras distribuidas sobre aproximadamente 34.300 hectáreas de las sierras de Ancasti.
Las autoridades locales sostienen que todavía desconocen qué método se utilizará, cuál será la fuente de abastecimiento de agua y cuántos puestos laborales podrían quedar efectivamente en la zona. También reclaman precisiones sobre la eventual utilización de perforaciones y voladuras para extraer litio alojado en roca, cerca de sectores poblados.
Raúl Jalil deberá explicar qué autorizó
Rodolfo Santillán y el intendente de Ancasti, Rodolfo Piñero, solicitaron suspender preventivamente las tareas hasta que exista una Declaración de Impacto Ambiental aprobada. También pidieron conocer los estudios presentados por la empresa, los permisos concedidos y el estado administrativo de los expedientes.
El conflicto ya había obligado a suspender una charla informativa prevista para el 30 de septiembre. Vecinos de El Alto, Ancasti y Frías, junto con organizaciones ambientales, presentaron cerca de 50 impugnaciones. Los cuestionamientos estuvieron centrados en la escasa difusión de la convocatoria y las dificultades para acceder a la información.
El Ministerio de Minería justificó aquella suspensión en la necesidad de analizar documentación técnica incorporada recientemente. Sin embargo, desde entonces no difundió una nueva fecha para la instancia informativa ni ofreció una explicación integral sobre las perforaciones, el consumo de agua y la participación de las comunidades involucradas.
La falta de información no demuestra por sí misma que exista un daño ambiental, pero expone una seria debilidad política e institucional. Antes de permitir avances sobre 34.300 hectáreas, el Gobierno de Raúl Jalil deberá explicar qué autorizó, qué controles aplicará, de dónde saldrán los 2.100 metros cúbicos de agua y por qué todavía no respondió al Senado ni al municipio.
