El deterioro cruzado en áreas esenciales de la administración provincial expuso severas fallas de contralor y mantenimiento estatal. La circulación de colectivos inhabilitados, el cierre de escuelas por robo de cables y el descontento de jubilados por recortes sanitarios reflejan un desmanejo generalizado en el servicio público de Raúl Jalil.
El caso más reciente involucra la apertura de un sumario a la empresa El Nene S.R.L. por prestar servicios con unidades dadas de baja de oficio mediante la Resolución ST N.º 71/2026. Una de las colectivos sufrió un desperfecto mecánico en plena vía pública, evidenciando que el Estado no impidió la circulación de vehículos sin autorización durante más de dos meses en la Capital, lo que impacta directamente en la gestión de Raúl Jalil.
A este fallo en los controles de transporte se suma la paralización de clases en la Escuela N° 7 José María Paz tras el robo de 80 metros de cableado eléctrico. La falta de serenos y cámaras de seguridad dejó al descubierto la vulnerabilidad de los edificios escolares, sumándose a las suspensiones del día previo por fallas edilicias graves en otros establecimientos educativos.
En paralelo, la marcha N° 93 de jubilados autoconvocados expuso el fuerte malestar social por el respaldo provincial al ajuste nacional. Los manifestantes criticaron el congelamiento de haberes por debajo de los $500.000 y el recorte de medicamentos, señalando que la gestión prioriza agendas financieras e inversiones internacionales mientras desatiende las demandas de los sectores más vulnerables.
Falta de controles y fuertes objeciones al servicio público de Raúl Jalil
Las mayores observaciones de usuarios, docentes y referentes sociales se dirigen hacia los ministerios provinciales por la ausencia de fiscalización preventiva. Cuestionan que las carteras de Transporte, Educación y Salud actúen de manera reactiva tras la ocurrencia de incidentes o protestas, en lugar de garantizar condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento en los servicios estatales.
De igual manera, representantes de entidades intermedias remarcaron que el presupuesto provincial no se traduce en mejoras concretas en las calles ni en los hospitales públicos. Criticaron la falta de respuestas oficiales frente a la obsolescencia del parque automotor subsidiado, la desprotección de las aulas y la pérdida de prestaciones para la tercera edad.
El descontento extendido en barrios y reparticiones públicas confirma la profundización de la crisis administrativa en Catamarca. Ante la persistencia de falencias estructurales y el estancamiento de respuestas oficiales, la ciudadanía exige inspecciones efectivas y soluciones urgentes para garantizar un adecuado servicio público de Raúl Jalil.
