El diputado nacional Francisco Monti anunció la presentación de un proyecto de Ley de Fitosanitarios para Catamarca orientado a actualizar el marco regulatorio sanitario de la provincia sin sumar cargas económicas ni trabas administrativas al sector agropecuario. La iniciativa fue dada a conocer por el legislador a través de sus canales oficiales, donde destacó la necesidad de alcanzar un equilibrio entre el resguardo de la salud pública y la competitividad de las economías regionales.
Según explicó el dirigente radical, la propuesta surge del diálogo directo con los actores centrales de la actividad rural para diseñar una normativa moderna y aplicable a la realidad productiva local. “Presentamos nuestra Ley de Fitosanitarios para Catamarca. Sin peajes, sin burocracia, sin sumarle un peso de costo al que produce. Protege la salud y libera a la producción”, sostuvo Monti al sintetizar los ejes centrales del expediente legislativo.
El planteo cobra especial relevancia en regiones estratégicas como el departamento Santa Rosa, zona limítrofe con Tucumán y Santiago del Estero donde se concentra la producción extensiva de cultivos como trigo, maíz y girasol. En ese polo agroindustrial, el uso de insumos para combatir plagas resulta habitual en las tareas agrícolas, lo que demanda reglas claras y actualizadas para prevenir riesgos sanitarios en las poblaciones cercanas.
El legislador subrayó que la actualización de la legislación sanitaria provincial debe contemplar las desventajas logísticas que enfrentan los productores locales frente a los principales puertos exportadores del país. En ese sentido, advirtió que al encontrarse a cientos de kilómetros del puerto de Rosario, la provincia no puede imponer medidas restrictivas ni costos adicionales que perjudiquen la rentabilidad y la productividad del campo catamarqueño.
El equilibrio sanitario y productivo de la Ley de Fitosanitarios para Catamarca
El proyecto impulsado por el diputado apunta precisamente a resolver la tensión entre dos demandas legítimas de la sociedad: la protección ambiental y sanitaria de los vecinos frente a productos potencialmente peligrosos, y la libertad de trabajo para quienes sostienen la actividad agrícola. Al evitar estructuras burocráticas onerosas, la iniciativa busca que el cumplimiento de los estándares de seguridad no se traduzca en nuevos gravámenes o demoras operativas.
De este modo, la intervención de Monti instala en la agenda pública de Catamarca la urgencia de modernizar regulaciones técnicas que hoy resultan insuficientes frente al desarrollo agropecuario del este provincial. El enfoque propuesto plantea acompañar al sector privado mediante reglas previsibles que garanticen tanto la inocuidad sanitaria como el sostenimiento del empleo rural.
Tras formalizar el anuncio público de la iniciativa, el proyecto queda a disposición para su análisis y debate institucional con el objetivo de dotar a Catamarca de un instrumento legal acorde a las exigencias productivas y sanitarias actuales.
