El diputado provincial del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Javier Galán, reclamó una revisión judicial exhaustiva de las actuaciones en su contra y denunció públicamente un presunto seguimiento de inteligencia realizado por personal policial de civil. Durante su descargo institucional, el legislador cuestionó la validez de las medidas impulsadas por fuera del expediente principal mientras se debate el levantamiento de sus fueros parlamentarios en la Legislatura de Catamarca.
El planteo del representante opositor apunta a garantizar el debido proceso legal frente a lo que definió como una investigación paralela. “Yo no sé si se me investiga o si se me persigue políticamente. Hoy me entero de que se han usado recursos de la policía para seguirme, para investigarme, me hacen inteligencia”, advirtió Galán al exigir transparencia sobre el origen y el control jurisdiccional de dichas diligencias.
En su intervención pública, el diputado remarcó que su postura no busca privilegios individuales ni impunidad ante la ley, sino la defensa de la representación democrática conferida por el voto popular. “No es mi voz la que escuchan ahí, es la voz de los catamarqueños”, sostuvo el legislador, señalando la contradicción entre el supuesto respeto formal a las inmunidades parlamentarias y el despliegue de tareas de inteligencia con agentes de civil.
Además de reclamar respuestas sobre recursos procesales que aún siguen pendientes de resolución, Galán cuestionó la disparidad en los tiempos de la Justicia provincial. Comparó la celeridad aplicada en su expediente con la demora de cuatro años en investigaciones de alto impacto público, como la causa por la muerte del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.
El alcance institucional de la revisión judicial impulsada por Javier Galán
Desde el plano técnico, el diputado sostuvo que no existen pruebas ni méritos suficientes en la denuncia para justificar la quita de sus fueros y exigió que se analice detenidamente toda la documentación presentada por su defensa. En esa línea, adelantó su decisión de acudir a instancias superiores fuera de la provincia si fuese necesario para asegurar garantías constitucionales: “Si tengo que ir a Nación para que revise lo que hace la Justicia en Catamarca, lo voy a hacer”.
El posicionamiento de Galán instala un debate institucional de relevancia en Catamarca respecto de los límites de la actuación policial, la celeridad selectiva de los tribunales y el resguardo de las garantías de los representantes electos frente a eventuales presiones políticas. Su reclamo coloca el foco en la necesidad de que los organismos judiciales actúen con estricto apego a las normas procesales antes de adoptar definiciones que alteren la composición de la Cámara de Diputados.
Mientras aguarda la resolución de los planteos técnicos elevados por su equipo de abogados, el legislador ratificó que continuará ejerciendo su mandato parlamentario y exigiendo una revisión judicial imparcial en instancias nacionales.
