En los últimos años, los planes de ahorro resultaron más una estafa que un beneficio para aquellos que entraron en uno con el sueño de llegar a su auto propio. El gobierno de la provincia de Tucumán escuchó las voces de las ciudadanos de este momento e intervino para poder ayudarlos. El poder ejecutivo hará de mediador para que las partes lleguen a un acuerdo que le guste a los dos.
La semana pasada, el Defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán explicó: “Hoy solicitamos a través de la ministra Carolina Vargas Aignasse de realizar una medida nacional para ver cómo podemos actuar ante la resolución que dicto la jueza y se haga cumplir. Tiene que haber un auxilio o salvataje para que todos puedan salir de esta situación, tanto el empresariado como el más vulnerable”.
El gobierno actuó y la justicia determinó que a partir de enero las administradoras de planes de ahorro deberán suspender el cobro de un 20% de las cuotas correspondientes a abril del 2018 en adelante. Esto se dictó en el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la séptima nominación y ampliado por la Sala II del mismo recinto. La medida es para todos los adherentes y adjudicatarios que vivan en la provincia de Tucumán.
La ministra Carolina Vargas Aignasse destacó: “Por el trabajo conjunto entre la DCI y la Defensoría del Pueblo de la provincia, en Tucumán se ha logrado una importante medida y la preocupación ahora está en su acatamiento. Salimos con el compromiso de que los tiempos procesales se van a cumplir con la mayor celeridad, hay una buena predisposición”.
Por su parte, la abogada María Cecilia Cano aclaró: “Se están articulando todos los medios del punto de vista judicial a efectos de que se cumpla la medida cautelar que ya salió. La intervención de la ministra se hace eco para que se hagan cumplir esas medidas. La semana que viene se tomarán las medidas correspondientes. Habrá respuestas. Hasta ahora una sola administradora está cumpliendo”.
