A diferencia de lo que ocurrió con la polémica reforma judicial, el oficialismo en la Legislatura tomó la decisión de no apurar la aprobación de la reforma del Estado, que ya se encuentra siendo analizada en la Cámara de Diputados. Por este motivo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, decidió seguir convocando a diferentes actores sociales para que opinen de la iniciativa que fue remitida por el gobernador Raúl Jalil.
La semana pasada se recibió a la CGT y al gremio UPCN, que representa a los empleados públicos de toda la provincia. No obstante, ambos gremios manifestaron su malestar al salir del recinto. Los dirigentes de la UPCN afirmaron que “queda explícito que para el Ejecutivo el empleo público representa un peso excesivo a la sociedad. Queremos dejar sentado que un mal servicio no es ajeno a una mala administración por parte de aquellos funcionarios y planta política que, carentes de experiencia, hacen un mal o pésimo gerenciamiento del recurso humano”. Por su parte, el secretario general de la CGT, consideró que la propuesta es “poco viable”.
Para hoy, la comisión que preside el diputado oficialista Augusto Barros llamó al gremio de ATE y al SELEG (Sindicato de Empleados Legislativos), mientras que para la próxima semana invitó al gremio judicial de UEJN (Unión de Empleados judiciales de la Nación). El oficialismo adelantó que “se tomará el tiempo que sea necesario para analizar las propuestas de los gremios y recién ahí emitir un despacho”.
En consonancia con lo sucedido con los trabajadores precarizados de la Capital, Walter Arévalo confirmó que no va a asistir al encuentro: “Fuimos convocados en dos o tres oportunidades por el Gobierno y fue una total pérdida de tiempo. En las reuniones no hemos llegado a ningún acuerdo por las mentiras que nos dijeron. Primero se dijo que se iba a crear una secretaría especial para tratar este tema, después volvieron para atrás”, añadió. Según el gremialista, todos estos anuncios y reuniones solo fueron para “mantenernos distraídos mientras avanzaban con cuestiones como la reforma judicial”, dijo e incluso los tildó de mentirosos.
Por su parte el diputado radical Tiago Puente cuestionó el proyecto al afirmar que “no es una reforma del Estado sino una simple reforma laboral en el ámbito de la administración pública”. Asimismo, consideró que “no es momento de generar incertidumbre en los empleados públicos de la provincia”.
