Luego de posponer el juicio varias veces, hasta el punto de ser “cajoneado”, Enrique Aybar, intendente de Puerta de Corral Quemado, fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual. Sin embargo, el intendente volvió a la normalidad de su puesto después de haber sido encontrado culpable. Aybar se retiró sonriente, ya que se aclaró que seguirá en libertad hasta que el fallo quede firme. A su vez, transita su tercer mandato como intendente y mientras la condena no quede firme y no vaya a prisión, podrá concluirlo en 2023.
La causa se inició en marzo de 2013 luego que la víctima le confesara a su madre que había sido abusada sexualmente por el jefe comunal, quien antes de ser electo en el cargo había sido director de la escuela de El Durazno. Tras la denuncia, Aybar estuvo doce días privado de su libertad hasta que se le concedió la excarcelación. El expediente tuvo varios vaivenes hasta que asumieron otros abogados en la querella y pidieron una ampliación de declaración en la que surgieron detalles que anteriormente no habían sido mencionados.
Luego de romper con el miedo de la víctima de denunciar a una persona con mucho poder, es inaceptable permitir que esa persona que fue declarada culpable vuelva a estar en el municipio. A pesar de todo, el intendente volvió sonriente, ya que puede incluso terminar su mandato hasta que sentencia quede firme. La gravedad del asunto, en definitiva, es que Enrique Aybar volvió a sus funciones, al frente de Puerta de Corral Quemado y peor aún, ejerciendo más poder.
Frente a esto, un diputado oficialista presentó un proyecto para intervenir a Puerta de Corral Quemado. “El intendente de Puerta de Corral Quemado resquebrajó los principios del sistema democrático”, afirmó el diputado Daniel Lavatelli, quien se amparó en un documento de la Asamblea Ni Una Menos, de Mujeres y disidencias de Catamarca, que sostiene que “las manifiestas condiciones de asimetría estructural de poder envuelven a las víctimas y sumen a toda la comunidad local a verse sometida a prácticas intimidatorias y de hostigamiento generalizado”.
La justicia provincial va corriendo muy por detrás los hechos, de tal forma que cuando lo alcance no se sabe si estará con vida. A no ser que incluso vuelva a ser reelecto. La reelección da cierta impunidad en el poder, no hay poderoso que termine preso. Los intendentes saben que sostener el clientelismo político le permite manipular la justicia de tal forma que pueda continuar en libertad haciendo sus fechorías.
