Se ha anunciado que la Cámara de Diputados se prepara para mantener la actividad parlamentaria sin interrupciones durante el verano. Se proponen una ampliación de sesiones ordinarias y convocatorias a extraordinarias. Además, entre los temas de la agenda se destacan: la reforma tributaria, la promoción de créditos de vivienda y el nuevo sistema de actualización de las jubilaciones.
Entre los temas que se deberán definir para el próximo ciclo de sesiones esta si, se sigue o no, con el protocolo de funcionamiento virtual. El mismo vence el 30 de noviembre próximo y tiene algunos aliados entre los diputados que apuestan por su vigencia. Pese a todo se espera el dictamen del cuerpo médico de la cámara. Los mismos se basarán en el decreto que establece el pase a la fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio.
Tanto como el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y así como el bloque del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, quieren mantener el sistema virtual. Los mismos plantean que al menos se mantenga en el trabajo de las comisiones, ya que permitió tener más encuentros. Esto realmente mostraría un beneficio, ya que no se acumulan en una sola jornada como sucedía antes y todas se transmiten por internet.
En cuanto a los tópicos que se buscan definir el oficialismo busca sancionar algunas antes del 31 de diciembre. Entre ellas se encuentra la reforma tributaria como la principal urgencia. Aunque hasta ahora solo ha ingresado a diputados el proyecto para promover el crédito para la construcción y se encuentra a la espera de definir la fórmula para aumentar las jubilaciones y pensiones. El resto, ya están planeando trabajarlos y sancionarlos en extraordinarias entre enero y febrero.
Mientras los diputados se encuentran a la espera de los proyectos, el Frente de Todos busca coordinar dos sesiones con la oposición antes del 30 de noviembre. Las mismas serán para consensuar acuerdos sobre tópicos vinculados a la salud, educación y la conectividad. Además, el Plan Nacional de Conectividad tuvo un amplio nivel de consenso. El mismo establece el acceso a Internet como derecho humano y servicio universal.
