La política sobre celulares en las escuelas de Catamarca vuelve a quedar en el centro del debate luego de que un informe de Argentinos por la Educación revelara que más del 65% de los alumnos de tercer grado de la provincia ya tiene un teléfono celular propio, ubicando al distrito entre los de mayor nivel de acceso del país. Al mismo tiempo, el estudio sostiene que las restricciones al uso de estos dispositivos dentro de las aulas, por sí solas, no garantizan mejores aprendizajes, lo que reabre interrogantes sobre la estrategia educativa que mantiene vigente el Gobierno provincial.
Los datos muestran que Catamarca comparte los primeros lugares junto con Santa Cruz y Tierra del Fuego en cantidad de niños de aproximadamente ocho años que cuentan con un dispositivo propio. Este escenario convive con una normativa provincial vigente desde 2022 que limita o prohíbe el uso de celulares en los niveles obligatorios, salvo situaciones excepcionales o autorizadas por los docentes. La combinación entre una alta presencia de tecnología fuera de la escuela y una política restrictiva dentro del aula vuelve a instalar una discusión que excede la mera disciplina escolar.
Mientras tanto, el informe también plantea que la creciente disponibilidad de teléfonos entre los estudiantes responde a una transformación social que avanza mucho más rápido que las regulaciones educativas. En ese contexto, especialistas advierten que el verdadero desafío ya no pasa únicamente por restringir dispositivos, sino por definir estrategias pedagógicas que permitan integrarlos de manera responsable cuando resulte conveniente para el aprendizaje.
Celulares en las escuelas de Catamarca: el informe cuestiona que las restricciones alcancen para mejorar el aprendizaje
Uno de los puntos más relevantes del trabajo es que la evidencia internacional no demuestra de manera concluyente que prohibir los celulares mejore el rendimiento académico. Según el documento, si bien algunas investigaciones registraron mejoras en determinados grupos de estudiantes, otras no encontraron diferencias significativas aun cuando las restricciones fueron estrictas. Incluso se advierte que eliminar el teléfono sin fortalecer las propuestas pedagógicas puede derivar simplemente en que los alumnos desvíen su atención hacia otras distracciones.
El estudio además recuerda que en Argentina no existe una política nacional unificada sobre el uso de celulares en las escuelas. Apenas el 45% de las jurisdicciones implementó leyes, resoluciones o protocolos específicos, mientras que el resto aún carece de un marco regulatorio definido. Dentro del grupo de provincias que optaron por limitar fuertemente estos dispositivos aparece Catamarca, cuya regulación vuelve ahora a ser observada a la luz de las conclusiones del informe.
Los propios datos del operativo Aprender reflejan además que el acceso a la tecnología continúa creciendo. A nivel nacional, el 59% de los estudiantes de tercer grado posee un celular propio, otro 23% utiliza el dispositivo de un familiar y apenas el 18% no tiene acceso a un teléfono móvil. En el nivel secundario la presencia de celulares alcanza al 90% de los estudiantes, una realidad que evidencia la magnitud del desafío que enfrentan los sistemas educativos para compatibilizar enseñanza, tecnología y convivencia escolar.
En este contexto, el informe vuelve a poner bajo análisis la política sobre celulares en las escuelas de Catamarca, ya que sostiene que las restricciones pueden modificar conductas dentro del establecimiento educativo, pero no constituyen una herramienta suficiente para mejorar los aprendizajes. Con una de las mayores tasas de acceso a dispositivos del país entre niños de primaria, el debate deja de centrarse únicamente en prohibir o permitir celulares y pasa a interpelar la capacidad de las políticas educativas para adaptarse a una realidad tecnológica que continúa avanzando mucho más rápido que las decisiones oficiales.
