El Gobierno de Catamarca vuelve a quedar frente al debate sobre las políticas de prevención y abordaje de la violencia de género luego de que una causa judicial que investiga un presunto intento de femicidio y un ataque contra un menor de edad avanzara hacia la etapa de juicio oral. La investigación, que involucra a un hombre acusado de cinco delitos, expone nuevamente la complejidad de los casos de violencia familiar y los desafíos que enfrenta el Estado para intervenir antes de que las situaciones alcancen niveles extremos.
La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y solicitó la elevación a juicio de la causa en la que el imputado está acusado por homicidio doblemente calificado por haber mediado relación de pareja y violencia de género, en grado de tentativa, además de homicidio calificado por el vínculo, también en grado de tentativa, en perjuicio de su expareja y del hijo de ambos.
El expediente también incluye otros hechos denunciados previamente por la misma víctima, entre ellos amenazas simples, coacción y lesiones leves doblemente calificadas en contexto de violencia de género. Según la investigación, estos episodios habrían ocurrido entre octubre de 2023 y mayo de 2025, período durante el cual se habrían registrado distintas situaciones de violencia física, psicológica y verbal.
Gobierno de Catamarca y el desafío de prevenir casos de violencia de género
El avance judicial de la causa vuelve a poner bajo análisis la respuesta institucional frente a situaciones de violencia sostenida. Si bien la investigación se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes, el caso abre un debate sobre la capacidad de las políticas públicas para detectar riesgos y fortalecer los mecanismos de protección para las víctimas.
De acuerdo con la acusación fiscal, el episodio más grave ocurrió en mayo de 2025, cuando luego de una discusión el imputado habría agredido a la mujer, retirado del domicilio junto con el hijo de ambos e iniciado un recorrido en automóvil. La investigación sostiene que durante ese trayecto habría realizado amenazas de muerte y conducido de manera temeraria hasta impactar contra un poste de cemento, provocando lesiones tanto en la mujer como en el niño.
La Fiscalía incorporó durante la etapa preparatoria distintos elementos de prueba, entre ellos denuncias previas, actuaciones policiales, testimonios, informes victimológicos, valoraciones de riesgo, pericias médicas, psicológicas y criminalísticas, además de documentación clínica y otros informes técnicos. Ese conjunto de elementos permitió fundamentar el pedido para que el caso sea debatido en un juicio oral.
El caso representa un nuevo desafío para el Gobierno de Catamarca y los organismos provinciales vinculados a la asistencia y prevención de la violencia familiar, en un contexto donde la protección de las víctimas requiere respuestas coordinadas y mecanismos efectivos de intervención temprana. La llegada de la causa a juicio permitirá determinar las responsabilidades penales, pero también vuelve a instalar la discusión pública sobre cómo fortalecer las herramientas estatales para evitar que los conflictos de violencia lleguen a situaciones irreversibles.
