La salud pública en Catamarca atraviesa nuevos cuestionamientos a partir de las advertencias de profesionales sobre la atención de los consumos problemáticos y las condiciones de funcionamiento de distintos hospitales provinciales. La psicóloga Sonia Carrizo, integrante del Departamento de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista, cuestionó duramente la gestión de Raúl Jalil y sostuvo que existen dificultades para responder de manera integral a una problemática que, según su diagnóstico, requiere políticas sostenidas y recursos específicos.
Carrizo afirmó que la adicción debe ser abordada como una patología grave y no como un problema moral o delictivo. En ese marco, sostuvo que la provincia estaría ignorando la dimensión sanitaria de los consumos problemáticos y describió un escenario especialmente complejo en las guardias hospitalarias, a las que calificó de “desbordadas y desprotegidas” por la llegada constante de pacientes con sobredosis, cuadros severos de abstinencia, intentos de suicidio y descompensaciones psicóticas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la capacidad concreta del sistema para atender esa demanda. Según la profesional, el Hospital San Juan Bautista cuenta con 14 camas destinadas a salud mental, mientras que no dispone de psiquiatras de guardia durante toda la semana en el área de emergencias. Frente a situaciones urgentes, explicó, el personal debe recurrir a médicos clínicos. El planteo expone una dificultad que no se limita al tratamiento específico de las adicciones, sino que alcanza también la estructura disponible para responder ante crisis de salud mental.
Salud pública en Catamarca y la falta de continuidad después del alta
La crítica más profunda de la especialista se relaciona con lo que ocurre después de la atención hospitalaria. Carrizo señaló que faltan dispositivos intermedios capaces de acompañar a los pacientes una vez que reciben el alta y evitar que regresen rápidamente al mismo contexto que contribuyó a la crisis. Entre las alternativas mencionó casas de medio camino, hospitales de día y otros espacios destinados a sostener tratamientos y acompañar a las familias.
La profesional también cuestionó la falta de una política que abarque todo el proceso, desde la primera intervención hasta el seguimiento y la reinserción. Según su planteo, una estrategia sanitaria debería contemplar planificación, ejecución y monitoreo, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en la emergencia. La advertencia resulta especialmente relevante porque apunta a una posible reiteración del problema: pacientes que reciben una respuesta inmediata, pero que luego pueden regresar al mismo entorno sin contar con una estructura suficiente para continuar el tratamiento.
Los cuestionamientos a la salud pública en Catamarca también encuentran otro punto de contraste en las condiciones edilicias denunciadas en establecimientos sanitarios. En el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón se difundieron imágenes de baldes colocados en la sala de emergencias para contener filtraciones de agua. De acuerdo con el material difundido, las fotografías fueron tomadas en un momento en que no llovía en la ciudad, por lo que se planteó la posibilidad de que el inconveniente estuviera relacionado con una pérdida interna o con problemas estructurales de la cubierta.
El episodio adquiere relevancia por tratarse de un sector de circulación permanente de niños, familiares, pacientes y trabajadores de la salud. La presencia de agua en el piso de una guardia puede generar riesgos adicionales y expone, al mismo tiempo, interrogantes sobre el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria. El caso se suma a otros reclamos difundidos durante estos días sobre establecimientos públicos de Catamarca, donde docentes también denunciaron filtraciones, baños sin agua, cerraduras dañadas, problemas de iluminación y otras deficiencias edilicias en escuelas provinciales.
En paralelo, el malestar por el funcionamiento del sistema sanitario ya tuvo una expresión pública en las calles. Una movilización realizada semanas atrás en la plaza de La Estación incluyó pedidos de renuncia para la ministra de Salud, Johana Carrizo, y reflejó el descontento expresado por trabajadores y miembros de la comunidad respecto de la atención y la disponibilidad de recursos. A esto se suma ahora el planteo de una profesional del propio sistema de salud mental, que cuestiona la capacidad de respuesta frente a los consumos problemáticos.
El conjunto de situaciones no permite atribuir automáticamente todos los problemas a una única decisión de gobierno ni establece por sí mismo responsabilidades administrativas o legales. Pero sí configura un escenario de reclamos convergentes sobre recursos, infraestructura, continuidad de tratamientos y capacidad de respuesta estatal. Para la administración de Jalil, el desafío consiste en responder a cuestionamientos que provienen de distintos ámbitos y que, en el caso de la salud mental, incluyen señalamientos directos sobre planificación y ejecución de políticas públicas.
La discusión, en definitiva, excede una filtración puntual o la cantidad de camas disponibles en un hospital. Los planteos conocidos durante estos días colocan en el centro de la agenda la capacidad de la salud pública en Catamarca para sostener la atención cotidiana, responder a situaciones críticas y garantizar continuidad después de las emergencias. Mientras profesionales reclaman mayores dispositivos para abordar las adicciones y trabajadores y comunidades educativas denuncian problemas materiales en establecimientos públicos, la gestión provincial enfrenta la necesidad de ofrecer respuestas concretas sobre cómo está funcionando el sistema y qué medidas prevé para atender estas demandas.
