Una fuerte ola de indignación ciudadana estalló contra el encarecimiento de la luz en Catamarca. A través de canales de reclamo vecinal, usuarios del Valle Central denunciaron que el cargo básico del servicio experimentó un salto cercano al 90% durante el último período bimestral, recibiendo boletas residenciales que escalaron bruscamente desde los 62 mil hasta superar los 160 mil pesos en departamentos con electrodomésticos mínimos indispensables.
El reclamo expuso la profunda contradicción existente entre los anuncios oficiales y el impacto en las facturas domiciliarias. Mientras desde los despachos gubernamentales y los medios se proyectaban reajustes moderados de entre el 3% y el 10%, los vecinos recibieron liquidaciones exorbitantes en las que, además, la distribuidora estatal omitió aplicar los subsidios vigentes a pesar de que los beneficiarios contaban con la documentación reglamentaria aprobada.
Al acudir a la sede de la empresa estatal EC SAPEM para impugnar los montos por presunta sobrefacturación, los damnificados señalaron que el personal comercial eludió brindar explicaciones técnicas y no dio soluciones. Según relataron los usuarios, la respuesta oficial se limitó a convalidar los importes sin verificar el funcionamiento de los medidores ni justificar la quita de los esquemas de asistencia económica a las familias vulnerables.
Este incremento tarifario asfixia el presupuesto cotidiano en los barrios capitalinos y en el interior provincial. La escalada se produce en un escenario de crisis generalizada, donde el 36,6% de los catamarqueños con financiamiento al consumo se encuentra en mora bancaria forzosa, debiendo recurrir al crédito usurario en billeteras virtuales para cancelar boletas de energía antes de que las cuadrillas ejecuten el corte de suministro.
Boletas impagables, subsidios caídos y la crisis por la luz en Catamarca
La actitud de la empresa provincial controlada por el Gobierno de Raúl Jalil desató severos cuestionamientos por su falta de empatía social. Mientras el mandatario pondera acuerdos corporativos y defiende el rumbo del ajuste nacional en foros ejecutivos, la empresa distribuidora se deslinda de responsabilidades atribuyendo las alzas exclusivamente a las disposiciones de la Casa Rosada y al mayor consumo energético provocado por las bajas temperaturas.
Esta pasividad administrativa convive con el endurecimiento de la persecución penal en la vía pública. Mientras la Defensoría del Pueblo acumula pedidos de informes por boletas comerciales que alcanzan los 800 mil pesos sin que existan frenos regulatorios, los organismos provinciales ordenan operativos policiales para aprehender a vecinos de escasos recursos que manipulan el tendido público y realizan conexiones clandestinas para subsistir.
El testimonio de los usuarios evidencia el límite socioeconómico que rodea al servicio de luz en Catamarca. Con jubilados marchando en las plazas, ventas minoristas en caída por la pérdida de poder adquisitivo y una firma estatal que niega canales de diálogo ante facturaciones desproporcionadas, los vecinos reclaman auditorías urgentes y topes reales a los cuadros tarifarios para evitar la quiebra de la economía doméstica.
