Un fuerte malestar gremial se desató tras el aval del Concejo Deliberante a la decisión de la intendenta Susana Zenteno de bloquear un beneficio por antigüedad, profundizando la tensión municipal en Catamarca. La ordenanza, sancionada inicialmente por unanimidad, contemplaba el reconocimiento extraordinario de tres sueldos para quienes cumplieran veinticinco años de servicio y seis haberes para quienes alcanzaran las tres décadas en la comuna chacarera, pero terminó anulada en el recinto por tres votos contra dos.
La secretaria de la junta del sindicato SOEM, Verónica Herrera, expresó la indignación de las bases obreras ante el drástico giro político de los legisladores. La dirigente remarcó que los agentes se habían ilusionado legítimamente con una retribución postergada y cuestionó qué presiones operaron en apenas diez días para que los ediles oficialistas Camila Morabito, Darío Ramírez y Franklin Medina pasaran de aprobar la medida a respaldar el decreto de anulación.
Desde la conducción sindical desestimaron las justificaciones técnicas esgrimidas por el Ejecutivo, que alegaba incompetencia del cuerpo deliberativo para fijar erogaciones sin partida previa. Herrera sostuvo que el impacto económico era acotado y perfectamente absorbible en el presupuesto entrante, subrayando que los haberes de la familia comunal permanecen en niveles de indigencia frente al encarecimiento del costo de vida.
La sesión estuvo signada por incidentes en el recinto legislativo. La gremialista denunció que el concejal Medina realizó ademanes despectivos para impedir que hiciera uso de la palabra durante un cuarto intermedio, situación que forzó la intervención de Gerónimo Cabrera en su defensa antes de consumarse la votación que sepultó la iniciativa con el rechazo oficialista.
Salarios deprimidos, paritarias frenadas en la DIL y precarización en las comunas
El conflicto excede el debate por las asignaciones extraordinarias y expone el deterioro general de los servicios comunales. Herrera advirtió que los obreros desempeñan tareas sin indumentaria reglamentaria, carecen de herramientas elementales de protección y deben operar con un parque automotor visiblemente destruido por la falta de inversión del municipio, elevando los riesgos laborales en la vía pública.
En paralelo, la representación sindical alertó sobre la parálisis de las negociaciones colectivas ante la falta de novedades de la Dirección de Inspección Laboral (DIL). Esta inacción de los organismos de trabajo provinciales evidencia el alineamiento con la línea de ajuste salarial que pregona el gobierno de Raúl Jalil, limitando la recomposición de los haberes frente a una inflación que pulveriza los ingresos de los agentes de base.
La ratificación del veto y la falta de respuestas a los reclamos laborales consolidan el cuadro de tensión municipal en Catamarca. Con trabajadores precarizados, maquinarias fuera de servicio y canales paritarios paralizados por la burocracia provincial, el sindicato anticipó la reactivación de medidas de fuerza en defensa de condiciones laborales dignas frente a la indiferencia oficial.
