La creciente presión sobre los recursos hídricos en la alta cordillera reabrió una intensa controversia social y científica respecto de la contaminación minera en Catamarca. Mientras el discurso oficial promueve la expansión de los salares como un eje de desarrollo productivo y captación de divisas, asambleas ambientales y comunidades territoriales denuncian que los métodos de evaporación forzada y bombeo de salmuera amenazan con quebrar de forma irreversible el frágil balance hidrogeológico de la Puna.
El núcleo de la discusión radica en los volúmenes de agua dulce y subterránea que insumen los campamentos mineros en zonas áridas. Especialistas en geología y recursos naturales advierten que la extracción continuada de millones de litros en las cuencas de altura puede provocar la mezcla de capas de agua dulce con salmueras concentradas, secando vegas ancestrales y esterilizando humedales esenciales para la fauna silvestre y el ganado de camélidos.
Esta alteración en los nacientes de agua impacta directamente sobre las economías tradicionales del oeste provincial. Pequeños productores de parajes rurales denuncian que la apertura de zanjas de perforación, caminos de carga pesada y piletas de evaporación a cielo abierto no solo modifica la escorrentía superficial de las vertientes, sino que genera una dispersión constante de partículas sedimentarias sobre suelos dedicados al pastoreo histórico.
La respuesta de los organismos fiscalizadores no logra despejar las dudas de las poblaciones afectadas. Lejos de garantizar monitoreos participativos con acceso público irrestricto, la cartera ambiental provincial convalida mediciones hidrogeológicas proporcionadas por las propias firmas operadoras, consolidando un esquema de autocontrol empresarial que carece de legitimidad entre los vecinos que reclaman mediciones toxicológicas neutrales.
Acuíferos en riesgo, escasez en los valles y desamparo en las cuencas
La falta de controles independientes interpela de lleno las prioridades institucionales de la administración conducida por Raúl Jalil. Vecinos de localidades agrícolas señalan la contradicción de soportar racionamientos hídricos periódicos para el riego de sus quintas mientras el Gobierno provincial otorga concesiones de explotación masiva a compañías extranjeras que no tributan por el volumen de líquido que consumen y evaporan a diario.
A la amenaza hídrica se añade la incertidumbre por la acumulación de pasivos ambientales en el territorio. Con antecedentes históricos de escombreras abandonadas y diques de residuos sin saneamiento en antiguos yacimientos metalíferos, las comunidades temen que el declive de los proyectos deje como saldo acuíferos contaminados con metales disueltos y suelos erosionados, sin que el Estado cuente con fondos de garantía reales para su reparación.
El debate por la supervivencia de las fuentes de agua expone las fisuras del modelo extractivo frente a la contaminación minera en Catamarca. Con advertencias técnicas sobre la degradación de los humedales andinos y un descontento vecinal que se multiplica en el interior, la sociedad civil exige auditorías públicas y la preservación inmediata de las cuencas hídricas antes de que el daño ecológico sea irreparable.
