Una fuerte embestida institucional contra los gigantes tecnológicos abrió el debate sobre el impacto de las redes sociales impulsado por la Defensoría del Pueblo de Catamarca. El ombudsman provincial, Dalmacio Mera, formalizó presentaciones ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) para intimar a la empresa Meta a desactivar de forma perentoria las funciones consideradas adictivas para niños y adolescentes en Argentina.
La presentación administrativa toma como referencia directa el reciente acuerdo alcanzado en Estados Unidos entre la corporación y el Estado de California, donde se impusieron restricciones severas como topes horarios diarios, bloqueos durante la noche y el cese de notificaciones en horario escolar. Mera cuestionó la disparidad de criterios de la firma al sostener que en nuestro país no se aplican los mismos estándares de protección hacia las infancias.
Desde el organismo señalaron que el diseño de las aplicaciones fomenta un consumo compulsivo mediante sistemas de recompensa variable y algoritmos que inducen picos de dopamina. Mera calificó a estos mecanismos como una verdadera ludopatía digital, advirtiendo que las corporaciones utilizan a los usuarios más jóvenes para calibrar herramientas comerciales sin reparar en las consecuencias sobre su bienestar psicológico.
Asimismo, la presentación relacionó el uso desmedido de teléfonos celulares con los deficientes rendimientos registrados en evaluaciones escolares como las pruebas PISA. Aunque se trata de un argumento que demanda mayor fundamentación científica, la Defensoría remarcó la urgencia de establecer límites ante el avance simultáneo de nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial generativa dentro del ámbito formativo.
Gestiones nacionales, vacío regulatorio y reclamos por una ley de fondo
La iniciativa legislativa y judicial promovida por la Defensoría del Pueblo de Catamarca busca unificar proyectos existentes en el Congreso Nacional para sancionar un marco regulatorio integral. No obstante, Mera enfatizó que las autoridades no deben esperar los tiempos parlamentarios para intervenir, exigiendo la aplicación inmediata de las facultades sancionatorias vigentes sobre las empresas multinacionales radicadas en el país.
El planteo generó diversas reacciones en el arco político local por tratarse de una disputa de alcance federal canalizada desde una dependencia provincial. Sectores opositores observan que, mientras se impulsan demandas de alto perfil mediático contra plataformas globales, persisten problemáticas socioeducativas estructurales y falencias en los gabinetes interdisciplinarios de las escuelas públicas del interior que continúan sin resolución efectiva.
La ofensiva formalizada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca pone bajo debate público las responsabilidades de los monopolios digitales y la inacción estatal. Con intimaciones elevadas ante dependencias nacionales y la exigencia de cancelar herramientas que inducen adicción en menores, el organismo abrió una discusión compleja sobre los límites éticos del negocio tecnológico y la protección de los derechos de la niñez.
