Las declaraciones de las máximas autoridades académicas al cumplirse 54 años de la fundación de la casa de altos estudios encendieron el debate sobre el financiamiento universitario en Catamarca. El vicerrector de la UNCA, Carlos Humberto Savio, cuestionó con dureza el incumplimiento de las leyes presupuestarias y alertó sobre el impacto directo que la falta de recursos provoca sobre los sueldos docentes, las remuneraciones del personal no docente y el sostenimiento básico de los edificios académicos en toda la provincia.
La autoridad universitaria remarcó que el conflicto excede lo salarial y reviste un carácter institucional de gravedad, señalando que el Poder Ejecutivo no acata las disposiciones emanadas por el Congreso de la Nación. Savio subrayó que esta postura oficial daña profundamente al sistema científico y educativo, reconociendo además que la comunidad académica ha ido perdiendo progresivamente la confianza en las promesas gubernamentales tras meses de expedientes trabados e incumplimientos normativos continuos.
El reclamo se fundamenta en la vigencia de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. Pese a que en junio de 2026 la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que exige la actualización de los haberes para trabajadores de la educación y la recomposición inmediata de las becas estudiantiles, la falta de partidas concretas mantiene asfixiadas a las facultades y dependencias de investigación.
Parálisis edilicia, desamparo docente y silencio oficial
El escenario resulta especialmente complejo debido a la expansión territorial que alcanzó la institución en las últimas décadas. Con más de 50 carreras de grado y pregrado y una oferta de 20 propuestas de posgrado extendidas hacia los departamentos del interior, la escasez de fondos operativos pone en riesgo la continuidad de cátedras y el funcionamiento de laboratorios que resultan indispensables para el desarrollo productivo y técnico regional.
Este cuadro de incertidumbre presupuestaria interpela también la postura política del Gobierno provincial encabezado por Raúl Jalil. Desde los claustros docentes y las agrupaciones estudiantiles se cuestiona la pasividad del Ejecutivo local frente al desmantelamiento de la universidad pública, reprochando que las autoridades catamarqueñas no hayan impulsado canales de auxilio financiero transitorio ni gestionado con firmeza el cumplimiento de los fondos que corresponden al distrito.
La crisis del sector superior golpea a una estructura que desde el 12 de septiembre de 1972 representó la principal vía de ascenso social para las familias trabajadoras del Valle Central y el interior profundo. La pérdida del poder adquisitivo de profesores e investigadores, sumada al congelamiento de las ayudas económicas a los alumnos, amenaza con forzar la deserción masiva de jóvenes que carecen de medios económicos para solventar sus trayectos formativos.
