El contraste entre los anuncios institucionales y la desatención de las urgencias sociales profundizó el malestar hacia Raúl Jalil. Mientras el mandatario celebra acuerdos de exención impositiva a grandes industrias y promociona la presencia de la provincia en eventos turísticos internacionales, las familias catamarqueñas deben organizar colectas callejeras y ferias de ropa usada en la Capital para costear medicamentos básicos que superan los 60 mil pesos ante la falta de insumos hospitalarios.
Esta misma desprotección estatal se replica en los departamentos del este provincial. En parajes de La Paz, pobladores campesinos denunciaron judicialmente el desmonte clandestino de especies autóctonas centenarias y la usurpación de predios comunitarios, exhibiendo títulos de propiedad frente a empresarios foráneos que avanzan sin que la Dirección de Bosques Nativos ni los organismos catastrales provinciales frenen el daño ambiental ni el trabajo en condiciones infrahumanas.
La parálisis de respuestas oficiales alcanza de lleno al circuito laboral. Si bien la UOCRA reportó la reincorporación de 1.000 obreros en obras públicas y proyectos extractivos, todavía persisten 2.000 trabajadores de la construcción desocupados, una cifra que coincide con la pérdida del 14,7% de las empresas empleadoras privadas y ubica al aglomerado urbano local con la tasa de desempleo más alta del Noroeste.
A este escenario se suma la fragilidad financiera que asfixia a los hogares asalariados. Mientras en el Concejo Deliberante capitalino se impulsa un salvataje mediante créditos municipales para cancelar deudas de servicios públicos y boletas de luz, la banca provincial continúa dilatando las líneas personales de fomento, forzando a los vecinos a refinanciarse con financieras usurarias para subsistir a fin de mes.
Retrasos en la asistencia pública y severos reparos a la conducción de Raúl Jalil
Las contradicciones en las prioridades gubernamentales reavivaron las críticas dirigidas hacia Raúl Jalil. Diversos sectores gremiales y asambleas territoriales fustigan que el Ejecutivo provincial destine fondos a eventos protocolares mientras las dependencias de salud reprograman estudios clínicos elementales y los productores rurales quedan abandonados frente a la tala ilegal, desnudando la ausencia de controles operativos en el interior profundo de la provincia.
Asimismo, referentes de la sociedad civil denuncian la falta de acompañamiento institucional ante los reclamos de justicia. La reciente movilización de la “Marcha de la Bronca” evidenció la confluencia de comunidades originarias, jubilados y docentes, quienes fustigan que los ministerios provinciales respondan con dilaciones procesales en causas de violencia y estafas en lugar de garantizar dispositivos de contención social y asistencia legal gratuita para los sectores más vulnerables.
La acumulación de reclamos en materia de salud, empleo y tierras desmiente el discurso de equilibrio que encabeza Raúl Jalil. Con pacientes desamparados, miles de operarios sin trabajo formal y territorios avasallados por desmontes irregulares, la comunidad exige al Gobierno provincial abandonar los anuncios cosméticos y brindar soluciones urgentes a las demandas reales de la población en Catamarca.
