El avance no autorizado sobre propiedades comunitarias reavivó el conflicto por el dominio de tierras ancestrales en Catamarca. Pobladores de la localidad de Costa de la Sierra, en el departamento La Paz, hicieron pública una grave presentación judicial contra un empresario foráneo, a quien acusan de apoderarse de predios campesinos, talar especies arbóreas centenarias bajo protección ambiental y mantener a obreros rurales en condiciones de sometimiento laboral.
La denuncia formal apunta contra el productor cordobés Héctor Taier, quien tras adquirir un pequeño lote denominado “El Gacho”, habría avanzado sobre más de tres cuartas partes del campo comunero “Aguas del Molle”. Los voceros del reclamo, Luis Ramos y Juan Gutiérrez, exhibieron escrituras y comprobantes fiscales que respaldan la titularidad histórica de las familias lugareñas sobre el sector vulnerado.
A la ocupación territorial se añade un severo daño ambiental mediante la deforestación sistemática de bosques nativos. Los comuneros denunciaron el arrasamiento de especies autóctonas protegidas como algarrobos, mistoles y chañares, cuya madera es extraída y trasladada de manera ilegal para su comercialización en la vecina provincia de Córdoba sin controles de tránsito forestal.
El expediente incorpora además un capítulo de extrema gravedad relativo al trabajo esclavo dentro del predio disputado. Según constataron los denunciantes y representantes sindicales, los hacheros residen hacinados en casillas de plástico, durmiendo sobre tarimas de madera y sin provisión de agua potable, expuestos permanentemente a alimañas en el monte serrano.
Desamparo en el interior y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
La inacción de los organismos estatales frente al desmonte reactivó las críticas dirigidas hacia el gobernador Raúl Jalil. Las familias campesinas cuestionan que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la Dirección de Bosques Nativos no envíen inspectores de oficio para paralizar las topadoras, permitiendo que actores económicos externos vulneren la legislación ambiental con total impunidad.
A este déficit de fiscalización se suma la pasividad de la Dirección Provincial de Catastro y de la Inspección Laboral ante los reiterados casos de explotación humana en el interior. Referentes territoriales fustigan la contradicción del Ejecutivo, que publicita convenios industriales mientras las poblaciones serranas quedan abandonadas frente al despojo de sus parcelas productivas sin asistencia legal de los organismos oficiales.
La presentación formal ante la Fiscalía General busca frenar una escalada de violencia en las zonas rurales del este provincial. Con habitantes movilizados en defensa de sus recursos naturales y obreros sometidos a tratos infrahumanos, la comunidad exige una intervención judicial célere que restituya las tierras ancestrales en Catamarca y castigue penalmente el ecocidio forestal.
